“Toda la vida humana puede encontrarse en un aeropuerto.”
David Walliams.
Cuatro afores hicieron inversiones en la llamada Fibra E para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México: Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte, que en conjunto compraron 13,500 millones de pesos de certificados.
Esta decisión ha generado una inevitable discusión política, sobre todo porque el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en primer lugar en las encuestas, ha declarado que va a cancelar el proyecto. He escuchado comentarios que cuestionan al presidente Enrique Peña Nieto por haber aprobado estas inversiones mientras que otros que dicen que la cancelación del aeropuerto podría llevar a la quiebra de las afores. La verdad es que éstas y otras afirmaciones son producto de la ignorancia.
Ni el presidente ni ningún funcionario del gobierno toma las decisiones de inversión de las afores, que son fondos privados con comités de inversión que toman sus propias decisiones para tratar de mejorar el rendimiento de sus fondos. No sorprende que las cuatro afores hayan decidido invertir en el aeropuerto. Los fondos de pensiones de todo el mundo buscan por naturaleza proyectos de infraestructura de largo plazo con buenas perspectivas de rentabilidad. En México no son muchos, por lo que el aeropuerto era una gran oportunidad. Las Fibras E están diseñadas para financiar proyectos de infraestructura de largo plazo y la del aeropuerto resultaba tan atractiva que la demanda superó en 14 por ciento a la oferta. Las afores compraron 40 por ciento, pero el otro 60 fue adquirido por bancos y fondos de inversión.
El aeropuerto debería ser, en efecto, una buena inversión. Se trata de un proyecto de infraestructura de largo plazo, seguramente rentable, financiado en buena medida por el derecho de uso del actual aeropuerto y que continuará pagando el nuevo aeropuerto cuando empiece a generar ingresos. Es una inversión que no costará a los contribuyentes, pero que dará competitividad, empleos e ingresos al país.
Los administradores de las afores y de otras instituciones financieras dieron por hecho, por otra parte, que México es un país en el que se respetan los contratos. Aquí han surgido dudas por la persistente amenaza de López Obrador de que cancelará el proyecto, pero el propio candidato afirmó este 1ro de abril en Ciudad Juárez que la cancelación “se llevará a cabo con estricto apego a la ley, buscando siempre el acuerdo con las empresas a las que se les han adjudicado contratos; garantizando el gobierno el pago de bonos que se han emitido y protegiendo las inversiones de las afores”.
Muy caro resultará indemnizar a contratistas e inversionistas. Hasta este momento se han emitido bonos por 7,500 millones de dólares, unos 137 mil millones de pesos. Si se cancela, no sólo se perderá un proyecto productivo y rentable, que no le costaría al gobierno, sino que el gobierno tendrá que desembolsar una enorme cantidad de dinero para indemnizar a los inversionistas.
Si el gobierno indemniza a todos no habría, por supuesto, pérdidas en las afores. Las cuatro que han comprado certificados recuperarían sus 13,500 millones de pesos con intereses. Si el gobierno de López Obrador rechazara pagar las indemnizaciones, las pérdidas serían fuertes, pero no pondrían en peligro la estabilidad de las afores, cuya inversión en esta fibra es de 0.9 por ciento de sus activos.
No, las afores no van a quebrar. Pero eso no significa que la decisión de cancelar el aeropuerto sea sensata. Entre más se analiza, más absurda parece.
Más dádivas
Siguen las promesas de dádivas. Alejandra Barrales del PRD promete que va a dar 2,500 pesos al mes a un millón de mujeres en la Ciudad de México. ¿Cuánto costará el programa y cómo se financiará? Estas preguntas no se hacen en tiempos de campaña.
Sergio Sarmiento
