Después de la entrada en vigor del TLCAN (hoy T-MEC), se abrió la puerta para facilitar la operación y entorno de negocios de empresas privadas internacionales en nuestro país, en muchas ocasiones otorgando privilegio a criterios como la productividad, competitividad y el desarrollo económico por encima de otros importantes, como son la sustentabilidad ambiental, la protección a la biodiversidad de las especies animales y vegetales o la propia salud de los mexicanos.
Recientemente publiqué en mi artículo “La seguridad nacional alimentaria en riesgo” un ejemplo claro de esto. En este cito la afectación de productores algodoneros del Valle de Mexicali, quienes preparan una demanda por 45 millones de pesos contra Bayer AG (quien recientemente adquirió a la polémica Monsanto) derivada de la pérdida de 2 mil hectáreas de tierra fértil “por la siembra de semillas de origen transgénico que no cumplió con los protocolos de seguridad y que tampoco fue sometida a pruebas de germinación, vigor, pureza y sanidad a la hora de otorgar los permisos de importación”, explicaron.
A pesar de que se mantiene el litigio y la suspensión definitiva para la siembra de maíz transgénico en México, las leyes y regulaciones a modo como la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, por muchos denominada Ley Monsanto, continúa permitiendo a estas empresas introducir semillas transgénicas que no han probado su desempeño ni su seguridad.
Los demandantes de Baja California señalan que ni la Cofepris, ni el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) y tampoco el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se han pronunciado al respecto y que, por el contrario, continúan su permisividad ante el poder económico de las empresas agrupadas en AgroBio de México.
Aunque las empresas aducen que la biotecnología y sus derivados son seguros e inocuos para la salud humana, animal, el medio ambiente y la diversidad biológica, no existe aún un consenso científico ni pruebas suficientes al respecto. El debate que lleva 20 años se mantiene y posiblemente seguirá por varias décadas.
En años recientes se presentaron dos líneas argumentativas encontradas. Por un lado una carta firmada por más de 100 científicos galardonados con el Nobel, quienes apoyaron la postura a favor de los transgénicos bajo el argumento de la productividad y satisfacción de las necesidades alimentarias del mundo. Por el otro, el artículo “Sin consenso científico sobre la seguridad de OGM”, publicado en la revista Environmental Sciences Europe, firmado por más de 300 investigadores líderes en biotecnología en todo el mundo, el cual reta la supuesta seguridad de los transgénicos.
Esta falta de consenso se manifiesta en instrumentos internacionales para el manejo de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) como son el Protocolo de Cartagena y las guías de CODEX Alimentarius, las cuales autorizan sobre evaluación caso por caso de cada OGM para determinar su seguridad.
