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Ayotzinapa y el Estado

La reunión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con familiares y representantes de las víctimas de Ayotzinapa, este miércoles en el Museo Memoria y Tolerancia, fue un encuentro de dos horas con una conferencia conjunta de poco menos de media hora. Se dijeron cosas y se asumieron compromisos que generaron grandes expectativas. Quedó claro que la ruta a seguir, principalmente, cruza por la creación de una comisión, ordenada judicialmente, para conocer la verdad y lograr justicia en este caso que ha marcado la vida de México y del sexenio que termina. El futuro gobierno anunció que se emitirá de inmediato un decreto para garantizar que toda la administración pública federal se ponga al servicio de la investigación y la búsqueda de la verdad y los desaparecidos.
Las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos no necesitan más palabras huecas ni promesas incumplidas. Cuatro años de martirio han sido suficientes. Lo que sigue es que quienes están por tomar las riendas del próximo gobierno hagan valer todas las herramientas institucionales que existen y las que vienen en camino, para esclarecer el caso y de recuperar al Estado mismo. La resolución del caso Ayotzinapa puede -debe- ser el punto de arranque para enfrentar y resolver uno de los principales desafíos que tienen frente a sí el nuevo gobierno y la sociedad mexicana.
El caso Ayotzinapa representa, como pocos, el compendio de conductas criminales y vacíos institucionales propios de un Estado fallido. Desde el minuto uno de esta trágica historia se fueron enlazando los eslabones de un sistema corrompido. El caso involucra responsabilidades en todos los niveles de gobierno, desde el poder municipal hasta las más altas esferas. Una investigación profunda y verdadera, que es lo que se espera de quienes en breve asumirán el gobierno, podría alcanzar niveles insospechados. Dependerá de cómo se constituya la Comisión y del papel que jugarán expertos nacionales e internacionales cuyo propósito no podrá ser otro que recomponer el Estado de derecho. En algún sentido parecería que se tiene que partir de cero, pero hay investigaciones de enorme importancia desde las cuales se puede reencauzar la tarea de un Ministerio Público que deberá coordinarse con los representantes de las víctimas, la CNDH y otros agentes nacionales o internacionales que ayudarán a replantear los ejes mismos de la investigación.
Hasta el momento han quedado sin cumplirse las recomendaciones hechas por expertos internacionales convocados, en su momento, por la CIDH. Incumplimiento que no ha hecho sino acrecentar sospechas de que en el caso Ayotzinapa hay más de encubrimiento que de incapacidad o negligencia.
Reforma dio a conocer que López Obrador se pronunció a favor de que se otorguen beneficios a quienes colaboren con la justicia y ayuden en el esclarecimiento de los hechos. “No dejar de considerar que hay más de 140 detenidos que deben declarar sin tortura, sin presión. Que se les dé, si se requiere, si es pertinente, la protección para conocer todo. Que nos ayuden en eso y que haya justicia”. El caso Ayotzinapa se perfila, con velocidad, hacia los territorios de la justicia transicional, ahí donde se contemplan y permiten mecanismos que buscan destrabar todo aquello que ha quedado colapsado dentro de un Estado. Un país sometido a periodos largos de corrupción, violencia extrema y violaciones masivas a los derechos humanos, como tristemente ha ocurrido en México, tiene que plantearse una salida definitiva frente a todo aquello que ha sido socavado.
La resolución, esclarecimiento y fincamiento de responsabilidades en el caso Ayotzinapa deben ser la piedra de toque de los compromisos que asumió esta semana el futuro gobierno de México. La complejidad es enorme. Lo que ya ha quedado fincado en el abigarrado procesamiento de los hechos tiene un valor judicial que ha entrado, ahora, en una nueva dinámica. Paulatinamente se abre la puerta de salida a quienes, hasta ahora, se les había mantenido presos e imputados en el marco de la verdad histórica que ya no se sostiene con nada. Apenas esta semana, un juez federal dejó en libertad a ocho presuntos integrantes de la banda Guerreros Unidos que, en su momento, confesaron haber participado del secuestro, asesinato y quema de los 43 estudiantes normalistas. El juez los liberó por falta de elementos incriminatorios. ¿Participaron de otra manera? ¿Saben ellos dónde están los muchachos? ¿Colaborarán en el marco de una Comisión de investigación de la verdad, ahora que han sido liberados?

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