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¿Cambio o continuidad en la política de drogas?

El viernes pasado, durante la conferencia mañanera, se presentó la campaña para prevenir adicciones. Durante la presentación el subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, Hugo López-Gatell habló de la implementación de un modelo diferente al de gobiernos anteriores, que estaba basado en la criminalización. Criminalizar lleva a estigmatizar a los consumidores, explicaba. Ello lleva a la exclusión y al aislamiento, y a mayor riesgo de que haya dependencia.

El nuevo director de Conadic, Gady Zabicky, precisó con mayor énfasis: queremos “dar un giro de la criminalización y la mano dura hacia la libertad, la ciencia, el libre desarrollo de la personalidad”. Lo relevante, señalaba, es saber cuáles son las sustancias que generan problemas de salud, distinguir a los usuarios de los criminales y a quienes necesitan ayuda de los adultos usuarios responsables.

El anuncio de un cambio en la política de drogas es una gran noticia. En administraciones pasadas, ésta ha estado basada en prejuicios y en la represión a través del aparato penal e incluso militar. Esto ha llevado a estigmatizar a las personas que usan drogas, lo que las pone en riesgo. La política represiva ha permitido, además, que se les nieguen servicios de salud a los usuarios (o que se les someta a tratamientos forzados que frecuentemente incluyen prácticas de tortura), que niños recién nacidos sean separados de sus madres (por ser usuarias) y que, cuando pertenecen a poblaciones de escasos recursos, sean sistemáticamente criminalizados. Anualmente miles de personas son detenidas e incluso encarceladas por consumir sustancias ilícitas, a pesar de no dañar a nadie.

La mayoría de las personas que usan drogas (legales o ilegales) no tienen problemas con el uso. La Organización Mundial de la Salud, estima que sólo alrededor de 10% de las personas que consumen sustancias ilícitas son usuarios problemáticos. El otro 90% trabaja, cuida a sus hijos y hogares, paga impuestos y saca la basura, como cualquier otra persona. Desestigmatizar permite que los servicios de salud se enfoquen en las personas que realmente necesitan tratamiento y en evitar que los jóvenes usen drogas (uno de los puntos centrales de la campaña). Posibilita, además, entender y atender los factores sociales que generan dependencia o uso problemático. Es entonces, una buena señal que se reconozcan y busque corregir los problemas del modelo hasta ahora vigente.

La visión de los especialistas gubernamentales contrasta, sin embargo, con la del Presidente López Obrador.

En la presentación de la campaña, vinculó el tema del consumo con la inseguridad, afirmando que los usuarios dependientes delinquen para obtener las sustancias. Ese mismo día en la tarde, llamó abiertamente a discriminar a las personas que usan drogas: “Pero además de otra de las cosas que estamos haciendo es estigmatizando todo lo que tiene que ver con las drogas, como estamos estigmatizando la corrupción. … tiene que ser señalado, estigmatizado, es decir, fuchi, guácala”.

El Presidente habla desde el prejuicio, reproduciendo el discurso de administraciones anteriores. La mayoría de los usuarios no delinquen. Si las drogas se vinculan con la inseguridad es porque el Estado ha permitido el crecimiento de mercados negros violentos y ha sido incapaz de regular las drogas. Ciertamente, para algunas personas, el consumo se convierte en un problema y pueden tener problemas con la autoridad. Sin embargo, eso depende del tipo de sustancia, del entorno social, incluso de factores fisiológicos. Generalizar y pedir el rechazo de las personas que usan drogas no representa un cambio, es reproducir el modelo fallido de siempre. Estigmatizar y excluir no reduce el consumo, solo pone en riesgo vidas.

El abismo entre lo presentado por los funcionarios de salud y los dichos del Presidente hacen dudar sobre las posibilidades reales de cambio. Ojalá no suceda como en otros temas donde la postura del Presidente se impone sobre la de especialistas y sobre la evidencia.

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