El presidente López Obrador considera que la forma de construir una mayor prosperidad es repartir dinero en subsidios. La experiencia nos dice otra cosa. La caridad no ayuda a generar desarrollo; la inversión productiva y los empleos son el origen de la prosperidad, pero solo pueden darse dentro de un estado de derecho, que hoy el propio gobierno está destruyendo.

No puede haber inversión donde no hay certeza jurídica. Una de las razones principales por las que Estados Unidos se convirtió en un país rico mientras que su vecino México se hundió en la pobreza, como señalan Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, es porque en la Unión Americana los “empresarios tenían confianza desde el principio que los proyectos que soñaban podían llevarse a cabo: tenían confianza en las instituciones y en el estado de derecho que estas generaban y no se preocupaban de la seguridad de sus derechos de propiedad”.

En el México de hoy no pasa un día sin que el presidente anuncie un programa u otro de caridad. El aumento a las pensiones de las personas de la tercera edad, las becas a los ninis, los precios de garantía a ciertos cultivos y la ampliación de la canasta básica de productos subsidiados son solo algunos ejemplos. Estos programas pueden tener mayores o menores beneficios; y, siempre que no desequilibren las finanzas públicas, pueden cumplir su papel de comprar votos y lealtades sin causar un daño excesivo a la economía. La creación de prosperidad, sin embargo, requiere de inversión productiva y generación de empleos, para lo cual es indispensable contar con un estado de derecho.

Mientras el presidente muestra su generosidad repartiendo dinero de los contribuyentes, rechaza su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Que un gobierno se niegue a liberar un bloqueo de vías férreas que afecta la actividad económica de cientos de empresas equivale a decretar la desaparición del estado de derecho. Ninguna empresa tendrá ya la certeza de que el gobierno cumplirá con su función fundamental de garantizar la seguridad.

De nada sirve que López Obrador haga “un llamado a los maestros en general”, que se queje de los líderes de la CNTE que no consultan a sus bases y que actúan “de manera provocadora” o que califique su comportamiento como de “un distintivo del conservadurismo”, mientras no esté dispuesto a garantizar el tránsito en las vías férreas, incluso con la fuerza pública.

Las pérdidas que se están acumulando son enormes, pero los líderes de la CNTE están actuando con la confianza de que el presidente les permitirá seguir con la extorsión. La gran pregunta es si esto se le acepta a la CNTE porque apoyó la candidatura presidencial de López Obrador o si también se le admitirá a cualquier otro grupo de presión. Otra pregunta es si la extorsión tiene luz verde en Michoacán porque el gobernador, Silvano Aureoles, es del PRD o si también se podrá aplicar a gobiernos de Morena.

Por lo pronto, toda la generosidad con sombrero ajeno de la que hace gala el presidente se diluye ante las pérdidas provocadas por el bloqueo, pero más aún por la extinción de lo poco que había de estado de derecho en el país.

Maquiladoras
La embestida de los sindicatos contra las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, no se daría si los líderes no tuvieran la confianza del respaldo del gobierno. Por eso han paralizado las plantas con demandas de aumentos salariales de 20 por ciento y bonos de 32 mil pesos anuales. Algunas empresas han cedido, pero por lo menos 15, con 30 mil trabajadores, han decidido cerrar.

Sergio Sarmiento