En mayo de 2017, el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que el valor del combustible robado era de entre 15 y 20 mil millones de pesos al año. En noviembre del año pasado, su sucesor en el cargo, José Antonio González Anaya, aseguró que la cifra era de casi 35 mil millones (unos mil 750 millones de dólares anuales).

Pemex reportó el primer caso de robo de combustible de sus ductos en 2000, cuando concluía la administración de Ernesto Zedillo. El delito fue en aumento durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Durante esas dos décadas nadie se quejó de tan terrible situación con la fuerza y el enojo que hoy vemos en quienes protestan, y con toda la razón, por el cierre de cientos de gasolineras del país que se quedaron sin combustible y diésel luego de que Pemex cerrara diversos ductos que diariamente transportan centenas de miles de barriles de estos combustibles por todo el país.

De acuerdo con la opinión de los expertos en materia petrolera, cerrar los ductos era necesario para poder realizar un procedimiento llamado corrida del diablo o pigging, que consiste en hacer pasar por el interior de las tuberías elementos con forma de bala para, entre otras cosas, inspeccionar las condiciones en que se encuentran. En este caso particular, el procedimiento se lleva a cabo para detectar los lugares en donde el tubo ha sido violado por los ladrones de combustible, o huachicoleros, y reparar el daño.

Entiendo que las corridas del diablo deben hacerse para identificar en qué lugares se roban los combustibles y que su cierre temporal es el primer paso que da el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de gasolinas, diésel y otros productos que diversas organizaciones criminales han realizado durante años con absoluta impunidad, aparentemente coludidos con –y protegidos por– funcionarios del más alto nivel de Pemex, del gobierno federal, de los gobiernos de varios estados y municipios y hasta de militares de alta jerarquía.

Lo que no llego a entender es que los expertos de la empresa no previeran que la demanda de combustibles aumentaría el pasado fin de semana, que fue el último previo al regreso a clases de millones de estudiantes y la normalización de las actividades en el país. Tampoco entiendo por qué la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y otros funcionarios que entienden del asunto no hayan dado la cara inmediatamente y a través de todos los medios de comunicación a su alcance para explicarle la situación a un púbico enojado. Por su mutismo dejaron que el problema creciera, se magnificara en las redes sociales por quienes desean que fracase el presidente y se convirtiera en la segunda gran crisis que durante su naciente gobierno ha tenido que enfrentar.

El 1 de diciembre, Andrés Manuel nos pidió tenerle “paciencia y confianza”, pero solo se la tendremos si sus colaboradores más cercanos dan la cara apenas surjan los problemas y expliquen lo que sucede, para que todos entendamos lo que pasa. Ayer no ayudaron a su jefe a ganarse esa confianza y permitieron que en las redes sociales operaran libremente quienes buscan acabar con la
Cuarta Transformación.

Eduardo Ruiz-Healy