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Chihuahuagate

Uno podría celebrar que las autoridades han logrado detectar desvíos de dinero gubernamental a un partido político y han empezado un procedimiento legal para castigarlo. Es muy importante tener acciones eficaces para que el dinero público no se utilice para financiar a partidos y candidatos. Tuvimos ya un caso muy sonado, el Pemexgate, en la campaña del 2000, cuando Pemex dio dinero al sindicato petrolero para que éste lo entregara al PRI. Si bien el PRI fue sancionado con una multa de mil millones de pesos por el IFE, ningún responsable individual fue sancionado por la vía penal.
Hoy tenemos un caso en el que ya hay incluso un detenido, Alejandro Gutiérrez, un político y empresario de Coahuila muy cercano a Manlio Fabio Beltrones. Algunos elementos del caso, sin embargo, obligan a ser por lo menos cautelosos antes de celebrar el advenimiento del reino de la justicia.
Lo que más inquieta es que la acusación fundamental procede de un testigo “protegido”. Un testigo puede aportar indicios importantes en un caso, aunque reciba beneficios o dinero de la fiscalía; pero la experiencia nos dice que estos testigos beneficiados son más dados a mentir que aquellos que testifican de buena fe. Otro motivo de inquietud es que la acusación procede de un gobernador que hizo campaña con la promesa de encarcelar a su predecesor, César Duarte.
El testigo beneficiado es Jaime Herrera Corral, quien fue secretario de hacienda en Chihuahua con el gobierno de Duarte. Herrera es recordado por el impulso que dio a la Unión de Crédito Progreso, con hondas raíces en la comunidad de Delicias, Chihuahua, y que tras la fusión con Akala, una sociedad financiera popular, y la Casa de Cambio Única obtuvo en 2014 la licencia para convertirse en banco. Hoy la institución opera bajo el nombre de Unión Progreso, a pesar del daño que le han hecho los señalamientos de vínculos con Duarte, quien reconoció haber aportado 65 millones de pesos al fideicomiso del capital.
En su declaración ante la fiscalía de Chihuahua, Herrera afirma que el gobierno de Duarte hizo pagos por 250 millones de pesos a cuatro empresas fantasma de capacitación y educación con el propósito de que el dinero se entregara al PRI. Estos pagos, dice Herrera, fueron avalados por la Secretaría de Hacienda federal.
Las declaraciones de Herrera han servido, por lo pronto, para la detención de Gutiérrez, a quien Herrera acusa de ser el operador del esquema por parte del PRI nacional, junto con Alfonso Isaac Gamboa Lozano, entonces titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP. ¿Dudas? Gutiérrez no era secretario de finanzas del PRI y no tenía facultad para firmar recursos. Era secretario del CEN, cargo sin estructura que sirve fundamentalmente de asesoría.
Ayer Gutiérrez se abstuvo de declarar en su primera audiencia, a lo cual tiene derecho. Si es responsable de lo que se le acusa, no podría haber actuado sin el respaldo de Manlio Fabio, así como Gamboa Lozano no podría haberlo hecho en Hacienda sin el aval del secretario Videgaray.
Si realmente se prueban los cargos, será positivo ver el castigo de un desvío de recursos presupuestales para apoyar a un partido. Preocupan, sin embargo, la dependencia de la acusación en el testimonio de un testigo beneficiado y las promesas de Corral como candidato de que usaría toda la fuerza del gobierno para encarcelar a su predecesor. Estas promesas no son el mejor heraldo para una justicia verdadera.

¿Desorganizada?
Toda la fuerza del gobierno se usó también contra Guillermo Padrés, a quien se acusó de “delincuencia organizada”, el cargo de moda en la política. Un tribunal de amparo, sin embargo, ha exonerado al ex gobernador panista de esta acusación.

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