Mientras que en nuestro país seguimos entrampados en la legislación de los mismos temas, como el de la educación, o dándole prioridad a temas como la aprobación del Día Nacional de la Lucha Libre o los periodos de vacaciones de los propios legisladores, en otros países siguen avanzando en la modernización de sus marcos legales para hacer frente a temas nuevos que los propios avances tecnológicos están generando. El caso más reciente es Australia, quien esta semana aprobó una nueva ley en contra del contenido violento en redes sociales. Esta decisión se tomó a raíz del incidente terrorista en Nueva Zelanda, en donde una persona transmitió en vivo el ataque a una mezquita, dejando un saldo lamentable de 50 muertos. Los australianos penalizarán con multas y cárcel a los altos ejecutivos de las empresas que transmitan contenidos que muestren violencia. Otro país que está impulsando cambios es Singapur, quien también estuvo trabajando en una iniciativa que contempla multas de hasta 740 mil dólares y prisión a quienes publiquen falsa información Fake News que perjudique a la población. Por su parte, Argentina actualizó su marco fiscal para cobrar impuestos a empresas de distribución de contenido en línea como Netflix. Y no únicamente a nivel país sino a nivel de las provincias, a partir de febrero de este año se está cobrando del 3.6% al 5% sobre el precio total del servicio. En París a finales de 2017 se reguló el tema de la renta de casas a través del portal de Airbnb. Para los franceses que deseen rentar su casa o habitación, primero tienen que registrarse ante la autoridad local, lo que le permite cobrarles impuestos por los ingresos que obtengan de la renta de dichos inmuebles.

Como podemos ver, la tendencia a nivel mundial es regular las actividades de las nuevas plataformas tecnológicas, como Facebook, Twitter, Uber, Airbnb, Tinder, entre muchas otras que ya se ocupan en nuestro país. Desafortunadamente todo pareciera que debe acontecer algo muy grave para que aquí se legisle en esta materia. A nivel federal bien se pudiera trabajar en sancionar a quienes publiquen o promuevan actos de violencia y de igual manera no le vendría mal al presupuesto un ingreso adicional que pudiera cobrarse a las empresas que transmiten contenido en línea. A nivel estatal habría que analizar la posibilidad de adoptar medidas, como le hicieron en París, para regular a todos aquellos que alquilan sus propiedades, lo anterior con el objeto de que paguen el impuesto sobre el hospedaje.  La ventaja de las plataformas digitales es que para su pago se requiere tarjeta de crédito, por lo que esto puede hacer más fácil el cobro de los impuestos. Existen muchos retos para las y los legisladores; veamos si en los próximos meses pueden dejar atrás lo que los tiene entrampados y comienzan a trabajar en nuevas iniciativas que realmente ayuden a regular el uso de dichas plataformas, así como la posibilidad de que generen mayores ingresos tributarios.