Cámaras, asociaciones, empresas y microempresas han llegado al límite del hartazgo por la corrupción que priva en las oficinas del gobierno del Estado de México (Edomex) para obtener el Dictamen Único de Factibilidad (DUF).

Los empresarios denunciantes aseguran que si no es a través de una dádiva, cuota o comisión, no se les libera dicho documento y para quienes no le “entran” son rechazados, tendrán problemas o esperaran un largo tiempo para obtener el papel oficial, es un mal conocido por todos los mexiquenses.

El DUF es un documento de carácter permanente emitido por la Comisión de Factibilidad de Edomex, sustentando en las evaluaciones técnicas de factibilidad en materias de salubridad local, desarrollo urbano y vivienda, protección civil, medio ambiente, desarrollo económico, comunicaciones, movilidad y agua, previo análisis normativo multidisciplinario.

En sí es la “ventana única” o la “caja chica”, dicen los afectados. Las empresas instaladas en esta región mexiquense que “puedan llevar a cabo su apertura, instalación, operación o ampliación que requieran” y puedan contar con el visto bueno, “tendrán que ponerse a mano”, señalan.

Los denunciantes aseguraron a este medio que la directora del organismo, Ana Laura Martínez Moreno; la subdirectora, Bárbara Figueroa Espinosa, y su equipo de trabajo, todos ellos funcionarios del Edomex, son señalados como los principales extorsionadores. Ante dicha situación, los afectados preparan una serie de acciones para denunciarlos, entre ellas una carta dirigida al propio Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, para hacerlo de su conocimiento, quejarse con el órgano interno de gobierno, e incluso podrán pedir la intervención del gobierno federal, si no se resuelve dicho abuso.

Para facilitar y contar con dicho trámite, se les ha solicitado a las empresas cuotas según el monto de la participación. La red opera de forma sencilla, son sobornados con cantidades estratosféricas de dinero para tramitarles de forma rápida el DUF y en caso de no aceptar, el trámite simplemente no sale; la otra forma de operación es enviar a inspectores de la misma red a las empresas para solicitarles dicho trámite, en caso de no tenerlo o estar desactualizado, amedrentan con suspensiones y clausuras a las empresas o negocios, siempre con la salida de que: “La jefa podrá ayudarlos, a cambio de una retribución o apoyo económico”.

Propios y extraños han denunciado que las cuotas pedidas a empresarios para realizar el trámite se ha vuelto el verdadero modo de vida de la directora y su equipo.

Al día de hoy, decenas de organizaciones empresariales y de sectores han denunciado la lentitud y malas prácticas en lo relacionado al DUF; sin embargo, el temor es contante, porque todos los empresarios están amenazados que “en caso de elevar la voz”, de señalar los actos de corrupción al interior, simplemente les detendrán sus trámites, les cancelarán o serán víctimas de operativos con la “consigna e instrucción” de cerrar sus negocios, construcciones o establecimientos.