Cuando fue expedida la Constitución de 1917, su artículo 26 decía: “En tiempo de paz, ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular, contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente”.

El 7 diciembre de 1982, el presidente Miguel de la Madrid presentó al Congreso una iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos constitucionales con el objeto de establecer, entre otras cosas, la rectoría del Estado sobre la economía y el sistema de planeación democrática del desarrollo.

La iniciativa se aprobó 20 días después y el decreto se publicó el 3 de febrero de 1983 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Así, el texto original del artículo 26 se convirtió en el último párrafo del artículo 16 y el nuevo artículo 26 estableció, entre otras cosas, que el Estado debe de organizar “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación” y que “mediante diferentes sectores de la sociedad, el Estado debe recoger las demandas de la sociedad para que las incorpore al plan…”.

El nuevo artículo 26 que dio origen al Plan Nacional de Desarrollo (PND) constaba de 198 palabras. Desde febrero de 1983 hasta enero de 2016, se ha modificado cinco veces y ahora consta de 933 palabras, lo que demuestra que, para echar rollo, nuestros legisladores se pintan solos.

El primer PND fue para el periodo 1983-1988 y fue presentado por De la Madrid. Desde entonces, cada uno de sus seis sucesores ha elaborado y presentado su propio plan.

Hace algunos días el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el suyo, correspondiente al periodo 2019-2024. De inmediato, el documento fue criticado por sus detractores, tal como en su momento fueron descalificados por sus opositores los de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Los detractores de AMLO opinan que su PND, más que un plan de desarrollo, es un manifiesto contra el sistema económico neoliberal y aseguran que la mayoría de los objetivos que se propone son irreales, difíciles de alcanzar y, en algunos casos, incuantificables.

Muchas de las críticas son justificadas y están bien sustentadas, tal como, en su oportunidad, lo fueron las que se lanzaron contra los seis planes anteriores que, sin excepción, fueron solamente largas listas de buenas intenciones, planes que fracasaron y nunca alcanzaron los objetivos que plantearon.

Y lo mismo ocurrirá con el plan lopezobradorista que, al igual que los que le precedieron, es el resultado de una ocurrencia tecnocrática de Miguel de la Madrid que fue avalada por las sumisas mayorías priistas que controlaban a los congresos federal y estatales en la primera mitad de su sexenio.

Elaborar un documento que para nada sirve, como es el PND sexenal, es un ejercicio inútil, costoso y que no beneficia al país.

Si Andrés Manuel desea acabar con un absurdo del pasado neoliberal, haría bien en derogar las reformas al artículo 26 que hace 36 años aprobó el Constituyente Permanente y sus subsecuentes reformas.