El Estado ya no es lo que era: esa constelación de instituciones públicas capaces de conducir casi en exclusiva el rumbo de un país. En nuestro caso, además, durante largas décadas pareció que el Estado y el presidente -con sus amplias facultades- eran una y la misma cosa. El poder del segundo, muy superior al del resto de las instituciones delineadas por la Constitución, ordenaba lo fundamental de la vida pública.

La erosión del poder presidencial fue un fruto maduro del proceso de transición democrática. El pluripartidismo equilibrado, el fortalecimiento de los poderes Legislativo y Judicial, la coexistencia de gobernadores y presidentes municipales de diferentes partidos, la ampliación de las libertades, tendieron a ubicarlo como un poder entre otros (aunque central). Y el fortalecimiento de los grandes grupos económicos, el protagonismo de los medios, el peso más que relevante del circuito financiero, han venido acotando su poder. Para no hablar del fenómeno delincuencial expansivo que todos los días reta, carcome y en el extremo penetra a las instituciones públicas.

En nuestro caso, esa reducción de las potencialidades presidenciales, quizá nubla que el reto de eso que llamamos Estado es mucho más profundo que un asunto nacional y que se extiende por todo el orbe. En un informe recién presentado por IDEA Internacional titulado El estado de la democracia en el mundo 2017. Examen de la resiliencia democrática, se puede leer lo siguiente en relación a la última crisis financiera y su reverberación mundial: “Se llegó a un consenso internacional sobre cómo afrontarla…, y los organismos supranacionales se impusieron a los gobiernos nacionales -como Grecia- cuando estos disentían. Muchas de esas decisiones estuvieron a cargo de tecnócratas y funcionarios públicos. Al otorgar poder a funcionarios no elegidos, la política de toma de decisiones sobre cuestiones financieras ha quedado fuera del alcance del sistema de rendición de cuentas democrática nacional. Como resultado, muchos políticos alrededor del mundo se han visto acusados de ‘no tener el control de las políticas’, ya que los mismos no pueden influir sobre ellas en la medida que sus votantes desearían, y no pueden responder a los votantes más allá de lo que su influencia les permite”.

No es un descubrimiento sino la constatación de que un buen número de decisiones en lo que se refiere al manejo de las finanzas públicas está condicionado si no es que dictado por organismos multinacionales. Además, los intercambios comerciales generan de manera natural cadenas de dependencia; las agencias noticiosas internacionales, las redes, los grandes medios de comunicación, integran un entramado que rebasa las fronteras nacionales pero influyen en las políticas locales y regionales; los inversionistas nacionales o extranjeros reclaman tratamientos especiales y los gobiernos compiten por atraerlos. Es decir, no sólo el Estado ya no es lo que era, sino que las naciones tampoco. El informe antes citado añade: “La globalización ha facilitado el movimiento de transacciones bancarias internacionales y ha fortalecido a las corporaciones internacionales, lo cual desdibuja la estructura del régimen de propiedad y los intereses que influyen en la política nacional y local. Las filiales de las multinacionales a menudo se enraízan profundamente en las comunidades, a través del ofrecimiento de puestos de trabajo y, en algunos casos, incluso de programas sociales… Esto crea una compleja red de relaciones e intereses y difumina las líneas divisorias entre el control extranjero y el nacional”.

15Se trata de procesos en curso y difícilmente algún brujo podrá revertirlos. Más bien conviene tomar nota de que los Estados nacionales trabajan en un contexto en el que la voluntad que emana de los circuitos representativos parece no ser suficiente para gobernar un país en las nuevas condiciones del mundo. No se trata de clamar por una autarquía imposible ni de excusar a los titulares de las instituciones del Estado, sino de comprender que éstos tienen ahora la necesidad de articular sus proyectos con actores que rebasan, y por mucho, las viejas formas del quehacer y la influencia políticos. Unas instituciones del Estado que tienen que hacer frente a inéditas realidades si es que quieren ser productivas.