El 16 de marzo pasado me referí aquí el estudio La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018 realizado por investigadores de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), mi alma mater, y presentado al público por el rector de ésta, Luis Ernesto Derbez Bautista, quien durante la presentación aseguró “que las autoridades permitieron que el nivel de impunidad estatal aumentara en –prácticamente– todo el país”.

También cité en esa ocasión al presidente del Consejo Honorario del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia-UDLAP, Andrea Ambrogi Domínguez, quien en su carta introductoria al IGI-MEX 2018 escribió<, “¿Por qué cada día hay más delitos y actos de corrupción en México? Porque es posible cometerlos y no pasa nada”.

El estudio, clasificó a las 32 entidades federales en cuatro grupos de impunidad que reflejan con mayor precisión los niveles de impunidad en las entidades y un quinto grupo que contiene a los estados que tienen un comportamiento atípico, con el siguiente criterio:
Grupo 1: Entidades con nivel más bajo de impunidad que el conjunto de los casos (menores a 50 puntos).
Grupo 2: Entidades con nivel medio de impunidad, entre los 50 y 60 puntos.
Grupo 3: Entidades con nivel de impunidad en torno al promedio (entre 60 y 70 puntos).
Grupo 4: Entidades con nivel alto de impunidad, con valores arriba de los 70 puntos.
Grupo 5: Entidades con comportamiento atípico, donde los patrones de violencia y delincuencia organizada o bien ante inconsistencia en la información reportada por las autoridades, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado en los últimos años.

Así, en el Grupo 1 quedó sólo Campeche, con sólo 45.06 puntos, muy por debajo del promedio nacional de 69.84 puntos y de la media internacional estimada para el índice global de impunidad, que se encuentra en 55.3.
En el Grupo 2, con 59.54 puntos, quedó la Ciudad de México.

En el Grupo 3, con un grado de impunidad alta, quedaron: Chihuahua (61.11), San Luis Potosí (61.56), Sonora (62.58), Morelos (63.53), Colima (65.29), Chiapas (65.64), Zacatecas (68.18), Sinaloa (69.54), Jalisco (69.69), Tabasco (69.88), Hidalgo (70.47) y Guanajuato (70.81).

En el Grupo 4, con un grado de impunidad muy alta, quedaron: Querétaro (71.22), Yucatán (71.61), Nuevo León (72.08), Baja California Sur (73.36), Durango (74.90), Tlaxcala (75.06), Oaxaca (75.12), Puebla (75.59), Veracruz (75.62), Aguascalientes (75.85), Guerrero (76.08), Quintana Roo (77.33), Coahuila (77.88), Baja California (78.08), Tamaulipas (78.87) y Estado de México (80.06).

En el grupo 5, con un grado de impunidad atípico, están: Michoacán (66.25) y Nayarit (57.07).
Sin importar el origen partidista de los gobernadores, los niveles de impunidad son altos excepto en Campeche y CDMX. Y aún así los candidatos presidenciales dicen que podrán resolver el problema… ¿Debemos creerles? ¿Podemos creerles?

Eduardo Ruiz-Healy