Ricardo Anaya, presidente del PAN, afirma que hay una campaña de desprestigio del gobierno en su contra. Es muy común que los políticos a los que se cuestiona ofrezcan este tipo de respuestas, pero tras revisar la información disponible encuentro que Anaya tiene razón.
Primero se le acusó de tener a sus dos hijos pequeños en una escuela privada en Estados Unidos entre agosto de 2015 y agosto de 2017. Después se afirmó que su familia política se había enriquecido al pasar de seis propiedades con valor de 21.9 millones de pesos en 2003 a 33 con valor de 308 millones de pesos hoy. La tercera acusación hasta ahora (supongo que vendrán más) es que Anaya se benefició de una expropiación realizada por el gobierno de Querétaro en 1997.
La primera acusación no tiene mucho que revisar. Ninguna ley prohíbe enviar a los hijos a estudiar al extranjero. Es común que lo hagan las familias mexicanas de forma temporal. Anaya tiene la capacidad económica para pagarlo. En su aclaración patrimonial, que es pública, la familia declara ingresos mensuales por 457 mil pesos, de los cuales 48 mil pesos son por el sueldo de Anaya como presidente del PAN. Su esposa gana 57 mil pesos mensuales de actividades profesionales y 107 mil pesos mensuales por alquiler de locales. Otros 245 mil pesos provienen del alquiler de locales de la empresa CINTLA.
El valor que se atribuye a las propiedades de la familia política de Anaya es probablemente una subestimación. Una lista parcial proporcionada por Anaya incluye varios hoteles, una cadena de restaurantes y locales comerciales con un valor conjunto claramente superior a los 308 millones de pesos. Pero cuidado. La mayoría de estas propiedades fueron adquiridas antes del primer cargo público de Anaya, en 2003, como secretario particular del gobernador de Querétaro. En contraste, el fraccionamiento Fuentes Residencial que se le atribuye en Querétaro no es de la familia Martínez Díez sino de Óscar Huerta Tamayo. En ninguna de las acusaciones, por otra parte, se ha señalado cómo supuestamente Anaya ayudó a su familia política. Ninguna de las empresas tiene más tratos con el gobierno que pagar impuestos.
En el caso de la expropiación, ésta la hizo el gobernador priísta Enrique Burgos en 1997, cuando Anaya tenía 17 años. Los terrenos fueron vendidos en 2007 por el gobierno de Querétaro a Tayson S.A. de C.V., que los fraccionó en 120 lotes y en 2008 vendió 50 a la firma Park Development. En 2014, cuando el PRI gobernaba Querétaro y el país, Anaya compró un solo lote en 66 dólares por metro cuadrado, pagando al final 10 millones de pesos. Anaya construyó una nave industrial por 35 millones de pesos con dos créditos bancarios y vendió la nave y el terreno en 2016 en el equivalente en dólares de 53 millones de pesos. El rendimiento de 5 por ciento anual en dólares no es espectacular.
¿Por qué afirma Anaya que las acusaciones vienen del gobierno? Los rostros de la familia política de Anaya publicados por El Universal como si fueran miembros de una banda de delincuencia organizada son las fotografías digitales de los pasaportes sin la marca de agua. Sólo la Secretaría de Relaciones Exteriores o Plataforma México tienen esas fotos.
Anaya tiene muchos defectos. Usó los tiempos del PAN para promoverse y paró la integración de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pero ni él ni su familia política parecen haberse enriquecido indebidamente. El gobierno federal, en cambio, sí parece empeñado en difamarlo.
Terremoto
La destrucción en Chiapas y Oaxaca es enorme. La muerte de 90 personas es una tragedia. Pero con una magnitud de 8.2 grados, el sismo del 7 de septiembre provocó menos daños que el de 1985 de 8.1. No es cuestión de magia, sino de condiciones geológicas.
