El domingo, después de disfrutar el partido de futbol México vs Alemania, fue capturado en un restaurante Sanborns de la Ciudad de México el exfiscal general de Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras, quien es acusado de delitos relacionados con desaparición forzada y por quien el gobierno veracruzano ofrecía hasta cinco millones de pesos a quien proporcionara la información que permitiera su captura.
El que fuera cercano colaborador del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, también encarcelado tras ser acusado de distintos delitos, niega ser culpable de lo que se le acusa. Es más, dice ser víctima de una persecución política emprendida por el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, contra Duarte y quienes pertenecieron a su equipo de trabajo.
El hecho es que la Fiscalía de Veracruz tiene abiertas 124 carpetas de investigación por la desaparición forzada de 202 personas, desapariciones que presuntamente fueron perpetradas por policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Duarte.
Sobre este asunto escribí, el 15 de mayo de 2017: “Se rumora que durante el sexenio de Felipe Calderón hubo algunos mandos militares y policiacos que autorizaron a sus subordinados a matar delincuentes después de que estos se rendían o eran sometidos. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, una vez presumió de que sus policías estatales no tomaban presos. De ser ciertos los rumores, ¿cuántos asesinos de este tipo hay en el país?, ¿están identificados?, ¿se está actuando contra ellos?, ¿cuántas de sus víctimas yacen en tumbas clandestinas?”.
De nuevo me referí al tema el 28 de septiembre de 2016: “… desde que inició su gobierno, Duarte demostró cero sensibilidad política y humana y una soberbia trumpiana. Solito se buscó lo que ahora enfrenta y a nadie debe sorprenderle que esté en problemas, que esté siendo investigado por la PGR, la cual tal vez debería investigar los rumores que afirman que muchos probables delincuentes fueron ejecutados extrajudicialmente por policías estatales que siguieron sus órdenes (en una reunión se jactó precisamente de eso)”.
También comenté sobre este terrible asunto el 9 de febrero pasado, al comentar sobre el arresto de 19 exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz acusados de cometer por lo menos 15 desapariciones forzadas en 2013, durante la administración de Duarte de Ochoa. Esto es lo que escribí: “Tal vez lo más importante que debe hacer la Fiscalía es determinar si los supuestos criminales actuaron por su propia cuenta o siguiendo las órdenes del entonces gobernador. Si Duarte les ordenó hacerlo, ¿puede ser o no juzgado por ello en vista de que fue extraditado de Guatemala acusado de cometer otros delitos? En su oportunidad, en mi programa de radio y TV, le sugerí al gobierno de México que solicitara la deportación y no la extradición del exgobernador para que así pudiera ser juzgado por cualquier delito que se le descubriera. ¿Al extraditarlo lo protegieron?”.
De nuevo pregunto: ¿será investigado Duarte de Ochoa por estas desapariciones?
