Mientras el país se mantiene sumido en el horror de una espiral de violencia extrema, con historias que nos estremecen e indignan –como la de los tres jóvenes estudiantes de cine en Jalisco que habrían sido privados de la libertad, torturados y disueltos en ácido en medio de una absurda confusión de delincuentes–, el Congreso mexicano, con oídos sordos, sin importar los costos, legisla de espaldas a la sociedad sobre una serie de asuntos de capital importancia.

De noche y madrugada aprobó la Ley de Publicidad Oficial (“Ley Chayote”, la bautizaron sus críticos), reemplazó a dos comisionados del INAI, nombró magistrados del Tribunal administrativo. Además, al momento de escribir este artículo, corrían fuertes versiones sobre que vendría un nuevo madruguete para aprobar, ahora, la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía General, dar por no aprobada la modificación al artículo 102 de la Constitución y, por lo tanto, mantener vivo el pase automático y con ello, dar paso al nombramiento del último procurador general para convertirlo en el primer fiscal general de la nación.

En caso de que algo así ocurra –lo cual en este contexto es absolutamente creíble–, quien hubiera llegado de esa manera iniciaría su encargo con fuertes cuestionamientos y una carga notable de ilegitimidad. Si ocurre, también habría sido de noche. En materia de publicidad oficial, se trata de algo más grave que una oportunidad perdida. Se cumplió, en la forma, con la sentencia de la Corte que obligaba al Congreso a regular el artículo 134, pero ni una coma movieron al texto que aprobaron, de forma desaseada, en comisiones y plenos de ambas Cámaras.

Había que sacarlo así, a como diera lugar, echando al caño todas las demás iniciativas y las opiniones de los más importantes especialistas. Del mismo modo que se aprobó la Ley de Seguridad Interior. La mayoría parlamentaria, del PRI y sus aliados, hicieron caso omiso a las múltiples voces de los especialistas que tanto en México como a nivel internacional les llamaban a no legislar de la forma en que lo hicieron.

Relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la CIDH; la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, organismos nacionales como la CNDH, el INAI y el INE y un nutrido grupo de organizaciones especializadas y agrupadas en el colectivo #MediosLibres hicieron llamados al Congreso mexicano para regular la publicidad bajo los criterios que determinó la Suprema Corte a la hora de otorgar ese amparo; se toparon con una pared.

Se toparon con la decisión tomada, donde haya sido tomada, de no solo no reglamentar la publicidad oficial en los términos del propio artículo reglamentado sino en sentido contrario de las mejores prácticas internacionales. Lo dicho, lo que hicieron fue un atentado contra la democracia, la libertad editorial y los derechos de los ciudadanos a contar con medios de comunicación libres de condicionamientos producto de una ley discrecional y de la enorme bolsa de dinero que se reparte discrecionalmente año con año, a manera de garrote y zanahoria. Lo que hizo la mayoría priista en las dos Cámaras fue convalidar legalmente el actual estado de cosas. Dotarle carácter legal a las peores prácticas posibles en materia de Publicidad Oficial.

La ausencia de reglamentación: –dice la sentencia de la Corte– “…viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”. Lo que pasó el miércoles por la noche-madrugada fue algo más que una oportunidad perdida. Lo que estaba llamado a ser una oportunidad histórica no solo se echó por la borda sino que se cometió un ataque directo a la sociedad. ¿La historia y la sociedad se los demandarán?