Una vez que se ha logrado contar con una agenda ambiental en la región de Tula, es importante que se inicie un análisis de la realidad ambiental de otras zonas. Lugares en los que la devastación y la contaminación ambiental han puesto en riesgo la conservación de recursos naturales y la vida de las personas que habitan esas zonas.

Implica, además, que se construya un instrumento de planeación educativa para impulsar procesos de educación ambiental sustentados en las realidades ambientales de cada lugar y en las características bióticas y abióticas de eso lugares, además de los impactos generados por el hombre.

También debe orientarse a generar una cultura de la legalidad, de tal manera que los habitantes de las zonas del estado denuncien de manera ordenada cada daño que se genera al ambiente y la autoridad cumpla su responsabilidad de sancionar a quienes atentan contra el equilibrio ecológico.

Denunciar de manera ordenada no conlleva el hecho de abandonar movilizaciones y protestas, estas se encuentran protegidas por la Constitución, un tema que valdría la pena abordar y analizar un día. Denunciar de manera ordenada implica que al lado de cada manifestación exista una denuncia escrita en contra de quien o quienes dañan el entorno.

De tal manera que nadie se le ocurra “romper” negociación alguna para regresar a la apertura de la empresa en discusión. Como en el caso de la empresa minera Autlán. De hecho, es absurdo que se haga una negociación en torno a los daños ambientales que una empresa genera; en todo caso se analiza la manera de que esa empresa cumpla con las normas jurídicas y las posibles sanciones que se establecerían en caso de probarse la existencia de los daños.

Sin embargo, no solo se trata de la minera Autlán, Zimapán es un ejemplo más de la forma en que las empresas pueden generar impactos ambientales profundos en el entorno y poner en riesgo la salud de las personas. Ruptura de presas de jales, emanaciones de polvo de mármol entre otros, es un municipio que debe ser analizado y que debe entrar en esquemas de emergencia ambiental.

Pero, ¿qué es una emergencia ambiental? Verdaderamente el concepto no ha sido clarificado por la autoridad, y al no existir tal clarificación, lo que se pretenda en las zonas ambientalmente dañadas serán acciones paliativas que en nada beneficiarán a las personas.

Es importante que podamos clarificar ese concepto y podamos establecer, además, su alcance, este se encuentra determinado por lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer en una zona declarada en emergencia ambiental: las actividades que deben cesar de inmediato por representar un riesgo al cumplimiento de las estrategias de protección acordadas para la región.

Hablar de que algunas actividades deberán cesar en la región es hablar de aquellas que ponen en riesgo el frágil equilibrio ambiental de la zona y, en el caso de Tula, a decir del propio secretario de Medio Ambiente, hoy, inhabitable.

Si la emergencia ambiental no representa este tipo de acciones, será una emergencia simulada y sin grandes expectativas de aplicarse, será solo parte de un discurso temático y atractivo para la sociedad, pero inútil para el futuro ambiental de Hidalgo. De ahí, la importancia de que podamos hablar de definiciones y delimitaciones conceptuales y prácticas coherentes con la emergencia ambiental.

Por otro lado, es importante construir sinergias entre las acciones a desarrollar bajo condiciones de emergencia ambiental y los diferentes programas aprobados en el estado. La estrategia de biodiversidad y la estrategia de mitigación y adaptación del cambio climático son ejemplo de esta necesidad.

¿Cómo se vincula la declaratoria de emergencia con estos instrumentos de política ambiental?, ¿de qué manera se construyen esta vinculación con ordenamientos federales? Hay sin lugar dudas una gran cantidad de preguntas en torno a las acciones a emprender, las respuestas no son del gobierno de manera exclusiva.

Las respuestas se dan entre la sociedad, entre los empresarios y el propio gobierno, la respuesta viene de la normatividad ambiental y se articula entre todos los actores ambientales, sociales, políticos y económicos de la entidad.

Solo en esa medida cada una de las acciones que se han emprendido tendrá resultados positivos; es decir, ya tenemos los instrumentos, ahora es fundamental crear un poderoso movimiento social en el que los ciudadanos juegan el papel definitorio, a ellos les corresponde el hacer junto a la autoridad, el espacio de encuentro en el que se construya el derecho humano a vivir en un ambiente adecuado, libre de contaminación y devastación.

A ellos, y mientras el gobierno no los convoque y los deje actuar de manera libre, informada y consciente, seguiremos asistiendo a la simulación que ha causado daños irreversibles en el futuro de Hidalgo.