Lo gratis sale caro y al final no es ni justo ni equitativo. Esto, sin embargo, nunca lo han entendido nuestros legisladores ni nuestros jueces.
La primera sala de la Suprema Corte otorgó este 20 de abril un amparo a una estudiante de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana para evitarle pagar una cuota de 420 pesos al semestre. La alumna argumentó que el cobro violaba “el derecho humano a la educación y el principio de progresividad, puesto que el artículo 138 de la Constitución del Estado de Michoacán establece que la educación que imparta el Estado de Michoacán será gratuita”.
Si bien el amparo en principio sólo beneficia a la interesada, genera un precedente que puede convertirse en jurisprudencia. Incluso la cuota de 20 centavos al año de la UNAM podría terminar siendo considerada una “violación a los derechos humanos”. El artículo tercero de la Constitución federal, de hecho, mantiene la afirmación: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita.”
En la vida, sin embargo, no hay nada gratis. La instrucción universitaria es cara y por eso se cobra en las instituciones de muchos países. En Suecia, que cuenta con programas sociales muy generosos, las cuotas van de 80 mil a 140 mil coronas (169 mil a 296 mil pesos mexicanos por año académico). El contribuyente puede tener que pagar total o parcialmente el costo en vez del usuario, pero eso no hace gratuita la educación.
En 2013 la Universidad Michoacana recibió 48 millones 851 mil de pesos en cuotas (La Jornada, 14.1.16) y en 2015 operó con un presupuesto de 2,565 millones de pesos (Presupuesto de Egresos de Michoacán). Si bien son años distintos, las cifras sugieren que las cuotas representan el 1.9 por ciento del presupuesto. Este dinero se perderá si se exenta a todos los alumnos del pago.
Algunos servicios o productos pueden ser subsidiados por un gobierno que considera que de esta manera ayuda a generar una mayor equidad o justicia social. No es el caso de la educación superior. La instrucción universitaria se imparte a un universo socioeconómico superior al de la población en general. Eliminar el cobro no sólo no lleva a una mayor equidad social sino que, por el contrario, la disminuye. Subsidiar el costo de la educación universitaria a todos los estudiantes sin considerar su ingreso familiar es una medida altamente regresiva que dista de proteger “el principio de progresividad”.
Las cuotas, aunque sean modestas, aportan recursos indispensables para instituciones que viven una precariedad permanente. Eliminarlas favorece de manera innecesaria a los estudiantes que proceden de familias que sí tienen capacidad de sufragar las colegiaturas total o parcialmente. Si realmente se quisiera una política progresista, habría que cobrar el costo real de la instrucción y dar becas sólo a aquellos estudiantes que no puedan pagar. En México, sin embargo, los grupos que se precian de ser progresistas suelen promover políticas regresivas.
Una razón importante de la desigualdad social de México es el uso de un porcentaje exageradamente alto del gasto educativo para subsidiar la instrucción universitaria de familias de clase media y media alta. Si este dinero se utilizara para apoyar solamente a quienes realmente no pueden pagar, y el resto apoyara por ejemplo la educación preescolar, que es mucho más importante que la universitaria para generar equidad, tendríamos un país menos desigual. Pero no se puede hacer nada cuando los grupos políticos que dicen estar a favor de la igualdad respaldan políticas que promueven la desigualdad e incluso las ponen en la constitución.

Transporte gratuito
No cobrar los servicios de transporte público en la Ciudad de México es también una política reaccionaria. Hoy se debería hacer un esfuerzo por fortalecer el transporte público. Hacerlo gratuito sólo multiplica sus pérdidas.