Hay políticas regresivas que se presentan como progresistas. Es el caso de las medidas en materia de educación del nuevo gobierno. Ayer el presidente López Obrador firmó una iniciativa para derogar la reforma educativa, eliminar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación e impulsar una educación superior gratuita y universal. A pesar de la apariencia progresista, las medidas son de carácter regresivo.

El presidente afirmó ayer que la reforma educativa, que siempre califica de “mal llamada”, fue aplicada contra los deseos de los maestros. Es cierto que algunos líderes rechazaban una reforma que les quitaba el control de la educación, y en particular la posibilidad de poner o quitar maestros, pero muchos docentes estuvieron de acuerdo en un censo de maestros, en los exámenes de oposición para contratar a nuevos maestros y en las evaluaciones para quienes daban ya clases. Hubo cuestionamientos a las evaluaciones mismas, que seguramente podían mejorarse, pero no necesariamente al hecho de que hubiera evaluaciones ni a que se retirara de las aulas a quienes tuvieran deficiencias en su trabajo.

Un buen sistema educativo, sin embargo, no debe tratar de favorecer a los líderes sindicales sino de satisfacer las necesidades de los alumnos. Si los nuevos maestros no son seleccionados en concursos de oposición, y si los maestros en funciones no son evaluados, los alumnos seguirán pagando los costos de una mala preparación. Reemplazar el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación por un Instituto Nacional para la Revaloración del Magisterio parece un simple cambio de nombre, pero busca enfatizar un cambio de filosofía de las evaluaciones, que dejarán de ser “punitivas” para volverse “revaloradoras”. Si estas nuevas evaluaciones no ayudan a tener mejores maestros, sin embargo, disminuirá aún más la calidad de la educación pública. Los alumnos de las escuelas privadas, donde sí hay evaluaciones y sí se busca contratar y retener a los mejores maestros, tendrán ventajas adicionales.

Preocupa también la decisión de hacer la educación superior no solo universal sino gratuita. La universidad gratuita es socialmente regresiva porque beneficia más a las clases más prósperas. Los recursos públicos disponibles, que no son infinitos, deben usarse para apoyar la educación preescolar y básica, que genera una mayor igualdad de oportunidad y un más eficaz efecto redistributivo. Una buena política educativa ofrecerá becas a estudiantes universitarios con talento y en situación de pobreza, porque nadie debería tener que abandonar una educación por falta de recursos; lo que no tiene sentido es dar universidad gratuita a alumnos que sí pueden pagarla.

También es cuestionable hacerla universal. Una sociedad no puede prosperar solo con abogados, ingenieros y médicos. Una educación superior universal y gratuita generará un mayor excedente de graduados en el mercado laboral. Ya hemos visto una caída en los sueldos y oportunidades de trabajo para quienes tienen estudios universitarios. La nueva política educativa deteriorará todavía más las perspectivas laborales de los graduados.

La educación puede ser el camino a una mayor prosperidad para todos. Sin embargo, para que cumpla su magia debe ser de calidad y eficiente. Un sistema educativo sin exigencias, que dedica grandes recursos a subsidiar la educación universitaria de quienes sí pueden pagar por ella, no nos permitirá construir ni una mejor instrucción ni un mejor país.

Sube el TUA
Una primera consecuencia de la cancelación del aeropuerto de Texcoco es el aumento de 26.9 por ciento en la tarifa de uso del AICM. El nuevo gobierno está comprometiendo este impuesto durante años, pero no para construir un nuevo aeropuerto sino para destruir lo ya construido.

Sergio Sarmiento