En menos de un mes, dos crisis graves en materia de inseguridad y violencia del narcotráfico en México han involucrado directamente a Estados Unidos: primero, el operativo fallido en Culiacán el pasado 17 de octubre, en donde el gobierno mexicano no pudo retener a Ovidio Guzmán ni cumplir una petición de extradición de la justicia estadunidense, y luego, la terrible masacre de nueve ciudadanos estadunidenses, tres mujeres y seis niños, todos ellos pertenecientes a la poderosa comunidad mormona.
Con esos hechos, la situación caótica de la inseguridad en nuestro país y la estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador para contener la violencia y controlar a los cárteles del narcotráfico se ha puesto directamente en la mira del radar estadunidense. El impacto de la violencia en México provoca reacciones cada vez más fuertes y directas desde el vecino país, que van desde la preocupación por sus intereses y la vida de sus ciudadanos hasta la duda y la crítica abierta a la incapacidad del gobierno mexicano para controlar los niveles de violencia.
Ayer mismo, justo cuando el presidente Donald Trump decía que “si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está dispuesto a involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, lo que subyacía en ese ofrecimiento no era solo un acto de generosidad de Trump, sino más bien una forma elegante y algo sarcástica de decir que el gobierno mexicano no puede con la crisis de inseguridad en el país y que ya no están viendo, desde la Casa Blanca, capacidad de la actual administración para enfrentar a los “monstruos” que el presidente de Estados Unidos ve en los narcotraficantes y sus crueles sicarios.
Paralelamente, en el discurso de los medios y los analistas estadunidenses, comenzó a ser utilizado el término “terrorismo criminal”. Y hablar de “terrorismo” desde Estados Unidos, en cualquiera de sus acepciones, en este caso de “terrorismo criminal”, es abrir la puerta a un terreno que siempre ha rechazado el gobierno de México pero que al gobierno de EU le daría elementos legales, de acuerdo a sus leyes extraterritoriales de Seguridad Nacional, para intervenir en cualquier país donde grupos terroristas amenacen intereses o a ciudadanos estadunidenses.
Hubo voces de la política estadunidense que empezaron a hablar del riesgo de un “Estado fallido” en México y cuestionaron duramente la política de “abrazos, no balazos” de López Obrador, entre ellas las del senador y excandidato presidencial Mitt Romney, quien exigió que su gobierno trabaje “en conjunto” con el gobierno mexicano para detener a los culpables de lo que llamó una “violencia sin sentido” contra la comunidad mormona, de la cual el propio Romney es integrante; mientras otro senador republicano, Lindsey Graham, dijo en un video que prefería “ir a Siria que a México” ante los niveles de violencia que se registran en nuestro país.
Pero el tono de las reacciones subió no solo en Estados Unidos. El actor Gael García Bernal, quien había sido un entusiasta defensor y votante del presidente López Obrador, publicó ayer en Twitter: “Si no cambia el gobierno y @lopezobrador de narrativa para asumir sus responsabilidades ¿Para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo (sic)”, dijo ayer el actor.
Está claro que, por más que al presidente López Obrador le cause gracia y hasta se ría en medio de la tragedia al decir que, “aunque no quieran voy a tener que hablar del pasado”, el discurso de eludir su responsabilidad y culpar a las estrategias fallidas de presidentes o gobiernos anteriores, cada vez funciona menos, ya no solo en México, sino en Estados Unidos, donde tienen la mira puesta en el caos de violencia en que se está sumiendo nuestro país, sobre todo cuando afecta directamente a sus intereses y ciudadanos.
