La idea, ampliamente extendida, de que México atraviesa por una profunda crisis de derechos humanos, violencia, impunidad y ausencia de Estado de derecho, tiene hoy un nuevo soporte que ilustra su dimensión, alcance y dimensión geográfica.
Se dio a conocer, esta semana, el estudio realizado por el World Justice Project México. Concebido y elaborado a manera de Índice. El estudio basado en 25 mil encuestas a nivel nacional, análisis de distintas bases de datos sobre los temas evaluados y entrevistas directas con 1,500 especialistas -según explicó Alejandro Ponce, jefe de investigación del WJP- arroja ilustrativos resultados que muestran la gravedad y profundidad de la crisis en la que estamos.
No hay un solo estado de la República que alcance una calificación aprobatoria. Ni uno solo logra una evaluación que satisfaga en los temas torales para una sociedad en materia de Estado de derecho. Prevalecen los actos de corrupción, la ineficiencia gubernamental, la violencia, la impunidad y la violación constante de los derechos fundamentales. Un mapa nacional catastrófico, si nos atenemos al resultado de estas calificaciones. El ranking mide de 0 a 1 a cada una de las 32 entidades federativas, donde cero es ausencia absoluta de Estado de derecho y uno representa la vigencia y funcionamiento óptimo y eficiente de un Estado de derecho. En México el mejor calificado es el estado de Yucatán con 0.45 y el peor evaluado, Guerrero con 0.29.
El Índice es valioso porque permite contrastar cuales son los principales y más recurrentes ejes en que está montada esta tragedia nacional. En todos lados hay corrupción, no hay lugar en que se pueda decir que hay seguridad plena para los ciudadanos y la justicia penal y civil brillan por su ausencia en la gran mayoría de los casos que se presentan.
Otro termómetro con el cual se pretende obtener un diagnóstico y un consenso básico sobre lo que ha pasado y sigue pasando en México es el conjunto de foros “Escucha”, a los que ha convocado el próximo gobierno de la República. La experiencia ha sido estrujante, catártica y, por momentos, paralizante. La cantidad de reclamos, exigencias, desesperación y dolor que se escucha en voz de miles de personas muestra el grave dislocamiento por el que atraviesa México. Crimen, violencia e impunidad son los ejes en los que está montado el estado de cosas que impera en una buena parte de México.
Los foros organizados para buscar propuestas e ideas, que puedan traducirse en nuevas políticas públicas que conduzcan a un proceso de pacificación y reconciliación, han quedado interrumpidos. No ha quedado claro si aquellos programados para Veracruz, Tabasco y Morelos fueron cancelados de forma definitiva, serán reprogramados para fechas posteriores o se podrá participar, ya no de manera presencial, sino con propuestas que se podrán hacer llegar por internet a los responsables de organizar y sistematizar la consulta. Ciertamente, las contradicciones y/o la falta de coordinación entre los responsables de organizar los foros pueden ser parte de la explicación de por qué fueron cancelados o suspendidos, sin embargo no puede ser ese el motivo único, ni el más importante. Abrir la puerta para que la gente se exprese y manifieste libremente es lo mínimo que se esperaría en un proceso de solución que cubra un mínimo estándar democrático. El ejercicio de escuchar a grupos nutridos de personas se desarrolló, pero los responsables de sistematizar lo que ahí ocurría fueron desbordados por el volumen de materiales, por la cantidad de ideas y de propuestas, pero sobre todo y de manera urgente por la exigencia de respuestas efectivas al enorme número de casos que no paran de exponerse. La promesa de que todos serán oídos se confunde con la ilusión de que todos serán atendidos y, en consecuencia, resueltos. La realidad que se ha presentado en esos foros refleja, con rostros, nombres y apellidos lo que el World Justice Project México muestra con números, estadísticas y evaluaciones.
Carpetas, fólders, sobres, expedientes, cartelones y testimonios se han ido sumando en una montaña que atraganta. El futuro gobierno y la sociedad mexicana tienen en eso su principal desafío. Despenalizar la producción, consumo y distribución de drogas para que esas actividades sean reguladas por el Estado no resolverá todo, pero cambiará el paradigma desde el cual se ha construido este infierno.

Carmen Aristegui
Agencia Reforma