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El mapache detrás del “bonillazo”

En el entuerto reeleccionista y fraudulento de Baja California, además de la mano ejecutora de Jaime Bonilla, el gobernador electo morenista y sus pactos inconfesables para darle impunidad al mandatario saliente del PAN, Francisco Kiko Vega, también está la autoría intelectual y jurídica del abogado priista Amador Rodríguez Lozano, exsenador de la República y afamado mapache u operador electoral, que además de ser cercano a priistas bajacalifornianos como Jorge Hank Rohn y Fernando Castro Trenti, también colaboró como “socio-asesor” de los tres últimos gobernadores de Chiapas: Pablo Salazar Mendiguchía, Juan Sabines y Manuel El Güero Velasco.

Amador Rodríguez Lozano, hoy operador cercano de Bonilla y a quien se menciona como su próximo secretario de Gobierno del estado, fue quien ideó, diseñó y redactó la reforma constitucional que, a la medianoche del 8 de julio, y en una sesión extraordinaria del Congreso local, hizo modificar el artículo 8 transitorio de la Constitución de Baja California para ampliar la duración de la gubernatura que inicia este 1 de noviembre, de dos años, como se votó en las urnas, a cinco años de duración.

Rodríguez Lozano dice ser originario de Tijuana. Fue senador y diputado por el PRI, cercano a Jorge Carpizo, con quien colaboró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En Baja California buscó ser candidato a gobernador por el PRI en 2001, pero alegando falta de equidad, renunció al priismo y fue candidato del PT; en 2006 fue candidato de la Coalición por el Bien de Todos al Senado y también perdió. A partir de su fracaso en BC se fue a Chiapas invitado por el gobernador perredista Pablo Salazar Mendiguchía.

Asumió como coordinador general de gabinete y representante del gobierno del estado de Chiapas en el DF. Se encargaba de redactar proyectos legislativos y lo presentaban como “estratega electoral”. Fue autor del polémico proyecto que desapareció la Gran Comisión de Congreso del Estado para crear la Comisión de Régimen Interno, con la cual el gobernador Salazar le quitó el control a la mayoría del PRI. El proyecto fue desechado por una controversia constitucional.

Al finalizar el sexenio de Salazar, fue enviado a coordinar la campaña de Juan Sabines, pero este se opuso y prefirió nombrar coordinador a su amigo, Ángel Córdova Toledo. El resultado fue un desastre: en varios distritos aparecieron “casillas zapatos” adjudicadas al PRD-CIOAC, y ante el caos, la mano de Rodríguez Lozano y sus oficios políticos en el centro, impidieron el recuento de votos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio el triunfo a Sabines por diferencia de 0.5%.

En premio, Sabines lo ratificó como coordinador del Gabinete y Representante en el entonces Distrito Federal. A sugerencia de Amador, Sabines reformó la Constitución estatal para cambiar de nombre a la Procuraduría General de Justicia por Ministerio de Justicia y él mismo fue nombrado “Ministro de Justicia”. En esa época protagonizó un hecho bochornoso: apareció en los medios de comunicación hablando del decomiso de “varias toneladas de cocaína”. Una semana después tuvo que salir a aclarar que “era lactosa en polvo”. Después de eso renunció y le regresaron su nombre a la Procuraduría.

Pero continuó como gurú electoral y en 2009 impulsó una reforma para suspender los comicios de 2010 para elegir ayuntamientos y en su lugar proponían que los legisladores asumieran como presidentes municipales y éstos de diputados. Una controversia constitucional revirtió el burdo y absurdo proyecto.

Después de esos ridículos desapareció un tiempo y volvió en 2012 como asesor del gobernador del PVEM, Manuel Velasco Coello, que lo nombró presidente del Instituto de Administración Pública del Estado. En la campaña del morenista Rutilio Escandón volvió a hacer de “gurú electoral” y operador tras bambalinas, lo que le valió ser ratificado en el IAP, aunque tras la llegada de su amigo Castro Trenti a la campaña de Bonilla, renunció para regresar como mapache a su tierra natal. Y ahora, cuando se enfila a la Secretaría de Gobierno, volvió a hacer de las suyas al diseñar y operar el “bonillazo”. ¿Volverán a tumbarle su adefesio jurídico en la Suprema Corte?

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