Asistí anteayer al evento organizado por la Concamin en la ciudad de Oaxaca en donde nueve gobernadores, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, suscribieron el Pacto Oaxaca que compromete a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán a “unir acciones para generar análisis y estudios que sustenten mecanismos de colaboración con miras al logro de una visión estratégica para el desarrollo industrial de la región sur-sureste, con énfasis en infraestructura, energía y turismo, desarrollo urbano y rural, seguridad, educación e innovación, a efecto de atraer inversiones privadas nacionales y extranjeras que hagan posible impulsar el desarrollo regional en beneficio de sus habitantes y oriente la generación de políticas públicas apropiadas”.
Entre las razones del pacto se anotan las siguientes:
Los gobernadores mencionan y hacen suyas las propuestas presentadas por la Concamin en su documento “Hacia una industria del futuro, Propuesta de los Industriales de México” que plantea “estrategias y mecanismos para la formación de condiciones que permitan alcanzar un mayor bienestar social sostenible, a través del fortalecimiento de las capacidades productivas de México, el crecimiento económico con bases productivas, una mayor innovación y en donde la vinculación con el sector educativo permita acelerar el crecimiento y desarrollo del país”. Mencionan “las agendas estratégicas de índole regional que han venido trabajando” la Concamin junto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), su aliado académico.
En pocas palabras, los nueve estados buscan desarrollar el sur-sureste de México con el apoyo de la Federación, del sector privado y de los académicos especializados en este tema.
No será fácil lograrlo. Para empezar, además de eliminar al crimen organizado en donde éste representa un serio problema, cada gobernador deberá neutralizar, hasta donde pueda, diversas fuerzas que frenan el desarrollo de su entidad: organizaciones criminales que se ostentan como populares para así invadir y ocupar predios urbanos y rurales, sindicatos como la CNTE que se oponen a la modernidad, caciques corruptos y líderes locales que abusan de los usos y costumbres para controlar a sus comunidades. Reducir la influencia de estas personas y grupos permitirá crear las condiciones necesarias para que el sector privado aplique sus propuestas para desarrollar el sur-sureste.