Detrás del violento ataque armado en la exclusiva Plaza Artz y de la infantil primera versión de “crimen pasional” que manejaron las autoridades de la Cdmx, hay una truculenta historia que involucra a uno de los criminales más peligrosos del Estado de Israel: Benjamín Yeshurum Hutchi, el principal objetivo de este ataque, en el que murió junto a su socio Alon Azulay, ingresó ilegalmente a México en marzo de este año, con un pasaporte europeo falso, luego de haber sido liberado de la cárcel por las autoridades hebreas tras purgar una condena de más de 14 años por varios delitos.
Según las autoridades, vinculado a mafias internacionales de tráfico de armas, drogas y de los casinos en México, no era la primera vez que Hutchi estaba en nuestro país, donde había radicado desde el año 2003, cuando vino por primera vez, traído por miembros de la poderosa comunidad judía de la Ciudad de México, que lo contrataron para que los ayudara en la prevención e investigación de secuestros, que por esas fechas se dispararon entre los empresarios de la zona de Tecamachalco y Polanco.
Benjamín Yeshurum, que había pertenecido al Mosad, en donde tuvo entrenamiento especial, llegó a nuestro país procedente de Venezuela, donde se había escondido después de que, en 2001, escapó de una cárcel de Israel con ayuda de un policía corrupto tras haber sido sentenciado en los años 90 a 17 años de prisión por haber estado involucrado en el asesinato de Many Aslan, hijo del delincuente israelí Ezequiel Aslan.
Así llegó a nuestro país, donde trabajó apoyando y cuidando a miembros de la comunidad judía, pero en el camino comenzó a desarrollar actividades delictivas y extralegales, como el cobro de deudas para ellos con métodos de intimidación y violencia. Para el 2005 se había convertido en un “empresario independiente” y, aprovechando sus habilidades bélicas y de seguridad, montó su propio negocio de “extorsión, tráfico de drogas y venta de protección” a negocios, bares y restaurantes de Polanco, donde se movía habitualmente. Para entonces, hasta los mismos miembros de la comunidad israelita que lo habían traído comenzaron a ser víctimas de sus extorsiones y amenazas. Por esas fechas, la Interpol ya había girado una ficha roja a su nombre, a petición del gobierno de Israel, que lo buscaba en varios países por delitos cometidos en su país.
Cuando fue ubicado en México, la Interpol y el Cisen pidieron apoyo a la Policía del entonces gobierno del Distrito Federal, bajo el argumento de que Hutchi había comprado protección de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR, por lo que no podían solicitar su detención a los agentes federales del entonces gobierno de Vicente Fox. La Secretaría de Seguridad Pública del DF montó un operativo de seguimiento y vigilancia en la zona de Polanco, a cargo del entonces subsecretario de Seguridad, Gabriel Regino. El 28 de junio de 2005, fue detenido con 43 dosis de cocaína. Lo llevaron al edificio de la SSP en la calle de Liverpool. Ahí recibieron una llamada de la embajada de Israel, que pedía que lo tuvieran “muy bien vigilado” y en una zona segura. Al día siguiente, en medio de un fuerte operativo de seguridad, Benjamín Yeshurum Hutchi fue trasladado al aeropuerto Benito Juárez, donde fue entregado a dos soldados del Mosad, que lo llevaron hasta el avión sin mediar palabra ni agradecimiento a la policía capitalina.
En Israel, permaneció en prisión hasta febrero de 2019, cuando fue liberado, para luego arribar a nuestro país con un pasaporte falso. Fuentes de la FGR aseguran que Benjamín Yeshurum reactivó en estos meses las relaciones que desde 2005 trabó con integrantes del Cártel de Los Beltrán Leyva, en específico con Édgar Valdés Villarreal La Barbie.
Su asesinato en Plaza Artz se produjo unos días después de que fuera detenido en nuestro país Erez Akrishevsky, otro delincuente, quien escapó con él de la cárcel israelí en 2001. ¿Qué cuentas pendientes tenía Benjamín Sutchi con los cárteles de droga y crimen organizado mexicano que mandaron a sus sicarios a matarlo justo en un restaurante concurrido y a plena luz del día en la plaza comercial más exclusiva de la Ciudad de México? Eso es lo que nos tendrán que decir ahora las autoridades capitalinas.
LO QUE NO EXPLICA NI DICE LA MAGISTRADA OTÁLORA
En relación a las investigaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación a los contratos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial otorgó en los tiempos de la presidencia de la magistrada Janine Otálora, fuentes internas de dicho tribunal aseguran que el denominado “diagnóstico integral para el desarrollo del plan estratégico institucional”, cuya elaboración Otálora le asignó de manera directa al CIDE, fue un proyecto que el magistrado Reyes Rodríguez le vendió a Janine justo cuando empezó su alianza hace casi dos años.
Otálora sometió la elaboración de ese diagnóstico a una decisión colegiada, en una sesión de la Sala Superior del Tribunal, y los magistrados Mónica Soto y José Luis Vargas manifestaron su desacuerdo por el monto que se pretendía pagar (9 millones de pesos en sus dos etapas) y por el procedimiento de adjudicación directa por el que pretendía encargarse al CIDE. Los magistrados inconformes decían tener información de que su compañero Reyes utilizó al CIDE por haber trabajado ahí y por conocer a diversos directivos y personas con influencia (entre ellos su mentor, Benito Nacif).
En ese estudio se puso como “experta” a Andrea Foncerrada Ayala, una chica sin experiencia en ese tipo de estudios de planeación institucional. Andrea es esposa de Alejandro Trelles, amigo íntimo de Reyes Mondragón y excompañero de trabajo suyo en el IFE, a quien el mismo magistrado había llevado al tribunal como “asesor externo” que trabajaría a distancia, con el argumento de que “podía ayudar en múltiples temas y que estaba estudiando su doctorado en la Universidad de Pittsburgh y necesitaba recursos para concluir”. Como los demás magistrados rechazaron la contratación de Trelles, por considerarlo un politólogo sin experiencia jurisdiccional, “se inventaron esas dos asesorías de casi 11 millones de pesos, que básicamente consistían en hacer entrevistas obvias a través de cuestionarios muy básicos”, comenta uno de los magistrados del TEPJF.
“Posteriormente tuvimos información que en realidad Andrea fungió como fachada entre Alejandro Trelles y Reyes, quienes se repartieron el monto cobrado al Tribunal, y que gran parte del trabajo se maquiló desde la ponencia de Reyes. Lo peor del caso es que, debido a nuestra oposición a ese proyecto, el diagnóstico es un fracaso porque varios magistrados no lo contestamos, con lo cual no se pudo terminar con la visión de todo el Pleno ni la totalidad de las áreas a nuestro cargo. El documento está archivado y nunca se volvió a citar en lo absoluto ni a aplicar”, añade el magistrado.
El facilitador de la adjudicación directa fue Jorge Mata, anterior Secretario de Administración y gente de Otálora. Hoy Mata sigue ahí protegido por la magistrada, a pesar de que está siendo investigado porque tenía diversos negocios con el Tribunal, entre ellos la cafetería, la venta de alimentos a los comedores institucionales y los servicios de banquetes para eventos de la institución.
Por cierto que otra cosa en la que la magistrada Otálora mintió en su carta enviada a este diario, es que el acta de asignación directa del primer contrato que le dio al CIDE, por la primera parte del citado “diagnóstico integral”, no está firmada por la Contraloría Interna. Según una copia de ese primer contrato por 5.3 millones de pesos, en poder de esta columna, en el documento aparecen cerca de seis firmas, pero ninguna corresponde al titular de la Contraloría Interna. Sí aparece, por cierto, la firma de Gustavo Meouchi, quien fue el Coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública durante la presidencia de Otálora, y quién además es exyerno del ministro Luis María Aguilar, quien fuera presidente de la Corte. Meouchi fue separado de su cargo cuando cambió la presidencia del TEPJF.
Además, el entregable del diagnóstico contratado por 5.3 millones de pesos que corresponde al acta mencionada, fue un documento de 17 cuartillas en el que ni siquiera entrevistaron a todos los ministros (como estaba contemplado), sino sólo a los afines de Otálora: Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón y la propia Otálora.
En el documento se establece que “no pudieron realizarse” las entrevistas con el resto de los magistrados: Indalfer Infante González, Mónica Aralí Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdez y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. ¿O sea que se pagaron casi 10 millones de pesos por un documento incompleto y por un diagnóstico que ni siquiera tenía las opiniones y visión de todos los magistrados del TEPJF? Con razón lo está investigando la Auditoría Superior…
Los dados mandan escalera doble para todos los lectores. Y por vacaciones, inmerecidas pero necesarias, se guardan en el cajón desde hoy, para volver a girar, con energías recargadas, el próximo lunes 12 de agosto. Hasta entonces amables lectores.
