Quienes dedican sus neuronas a las adivinanzas en la cosa pública, pronostican que la elección presidencial del año entrante se convertirá en una cruda riña por el máximo poder político del país y, como telón de fondo, la insignia del fraude electoral al final de la jornada en las mesas del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (popularmente conocido como Trife).
Los vaticinios podrían concretarse ante la crispación que existe entre los grupos de poder que administran el poder público y los que dominan la industria nacional (sí la hay), el comercio y la riqueza de la iniciativa privada. Esto, ante la posible nueva crisis que ya hacen las crisis económicas que ha vivido México en los últimos 35 años, por obra y gracia de la economía de mercado que han seguido de manera religiosa quienes han detentado el poder presidencial (Legislativo y Judicial) en ese largo lapso.
De hecho, las cinco últimas administraciones nacionales que han despachado desde Los Pinos, con el auxilio de legisladores y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han entregado todo lo que los poderes de facto externos (organismos internacionales supeditados a las elites euroestadunidenses) exigieron. Es factible pensar que las más recientes entregas de bienes nacionales con el maquillaje de reformas estructurales, hayan sido “pactadas” como condición insoslayable para que la bandera del Partido Revolucionario Institucional (PRI) volviera al Palacio Nacional, pues las presidencias de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón no pudieron cuajarlas ante el dominio legislativo del PRI, pese a haber perdido en esas dos etapas la Presidencia de la República.
Ante la entrega de casi todo, vía reformas constitucionales aprobadas, tanto priístas como panistas podrían jugar ahora, primero, con mayor desventaja electoral, y segundo con la poca monta que ambas instancias ya significan para los poderes de facto externos que han dominado la escena política del país por más de tres décadas. De aquí, los preparativos desde el gobierno en turno para ganar, a como dé lugar, los comicios federales que ya están en puerta. En este caso, la suerte de otro sonado fraude electoral no tendría mayores consecuencias de inmediato que las protestas y las denuncias ante las complacientes instancias electorales, y borlotes masivos en calles y plazas con la agresiva vigilancia policial y castrense.
De darse el fraude, el problema posterior podría tener repercusiones si en un lance de democracia oportunista, el gobierno del presidente estadunidense Donald Trump tuviese la intempestiva actitud de no reconocer a un futuro gobierno mexicano señalado como producto de trampas e ilegalidades electorales comprobadas. Aquí sí, la tecnocracia y la burocracia en el poder sufriría un decisivo golpe al “corazón”, mismo que no es otra cosa que la sacrosanta servidumbre a la economía de mercado, doctrina llevada a nivel internacional y que el propio Trump condena porque le ha hecho daño, también, a la economía y producción de Estados Unidos.
Luego del alucine inmediato anterior, de lo que ya no cabe duda es que el candidato del PRI, José Antonio Meade, sólo ofrece más de lo que ya se ha vivido durante 35 años, con el aderezo de llevar a México a ser una potencia mundial, cuento que ya usó Carlos Salinas de Gortari en su aserto de propaganda “política”: México estará en el “primer mundo”, rezó en su tiempo. Ricardo Anaya, del PAN, está en las mismas circunstancias hablando de cambios que no serán y, los dos, señalando a la corrupción como el monstruo que habrán de liquidar si llegan a vivir de gorra en Los Pinos. ¿Ésta será la tercera elección “invencible”? Ya veremos.