De espionaje en Hidalgo se sabe mucho. Corría 2006 cuando el gobierno estatal se confrontó con el Comité Directivo Estatal del PAN por supuestamente haber intervenido —a la antigüita— la línea telefónica del partido, entonces dirigido por el ahora exiliado Guillermo Galland. Dos años antes, el candidato del PRD, José Guadarrama, acusaba al PRI-Gobierno —del cual salió— de utilizar al C4 y a Octavio Soto Martínez, de una operación de espionaje contra el Frente Democrático Hidalguense.
En 2011, de nueva cuenta, el PAN culpó al gobierno del estado de espiarlos telefónicamente para conocer sus acciones de cara a las elecciones de alcaldes, esas que sirvieron disque para emparejar el calendario electoral. Hace seis años, de nueva cuenta, el bloque opositor que buscaba, junto con Xóchitl Gálvez, la gubernatura del estado, acusaron al C4 y al CISE de espiarlos, de hacer fichas de cada uno de los personajes de oposición y de tener centros en cada colonia con información de los habitantes que no eran priístas.
De nueva cuenta sale a flote el tema, pero desde hace mucho, sea paranoia o realidad, hablar por teléfono no parece seguro.