El 4 de septiembre de 1997, en la Cámara de Diputados se consumó lo que hasta entonces parecía imposible. Por primera vez, el PRI dejó de ser mayoría.

Lo que empezó siendo una exigencia de especialistas, periodistas críticos y opositores se ha vuelto ya un franco clamor social, y un reclamo en privado y en público por parte del gobierno de Estados Unidos hacia la administración del presidente López Obrador: ¡¿cuál es la estrategia para acabar con la inseguridad?!

Fuentes de primer nivel con acceso a esta información me revelan que estos reclamos empezaron a procesarse por la vía diplomática desde antes del escándalo de Culiacán. Se reforzaron tras la liberación del hijo de el Chapo Guzmán y escalaron aún más luego de la trágica muerte de mujeres y niños de la familia LeBarón, que tienen doble nacionalidad.

A casi un año en el gobierno, no solo no baja la violencia, sino que se sale de cauce. No son episodios aislados. Es la sistemática descomposición de los índices de inseguridad que están por llevar a este 2019 a ser el año más violento desde que se tenga registro.

Atender las causas de la violencia como pregona el gobierno lopezobradorista está muy bien, es una ruta correcta, pero es un proyecto de largo plazo que puede servir solo como acompañamiento a una estrategia de seguridad que enfrente la realidad actual.

Culiacán sí fue un punto de inflexión.

Después de Culiacán, cada hecho violento en el país le cuesta más al gobierno. Le reclaman más los ciudadanos, paga en popularidad el presidente, se encienden más los opositores, cuestionan más los periodistas y presionan más en Estados Unidos, alarmados porque la violencia pueda cruzar los tres mil kilómetros de frontera.

Y si Culiacán terminó con el capital político, el horror del caso LeBarón eleva la presión para clarificar la estrategia: la administración ha navegado entre la suavidad de la amnistía y los “abrazos no balazos” hasta la pretendida dureza de una Guardia Nacional totalmente militarizada que terminó sirviendo atroz con los migrantes y dócil con los narcos. Y encima, con las órdenes de dejarse humillar, lo que ha despertado enojo en tropa y generales.

La atrocidad contra mujeres y niños de la familia LeBarón exhibe que los llamados a portarse bien, so pena de ser acusados con sus mamás, han sido leídos por la delincuencia organizada como una señal de profunda debilidad del Estado que les da todo el margen de maniobra que quieren.

Los criminales no van dejar sus armas ni sus negocios ni sus prácticas de terror contra sus víctimas solo porque desde Palacio Nacional se les llame a ser buenos y a no hacer enojar a sus mamás.

El gobierno de Donald Trump, presidente en franca campaña de reelección, ya decidió entrar en escena al ofrecerle en Twitter al presidente López Obrador desaparecer a los cárteles de la faz de la tierra con el Ejército de su país. Lo mismo le había ofrecido a Peña Nieto en una llamada telefónica.

No importa lo mucho que el gobierno actual ha tratado de cultivar una relación tersa con Washington. Como era previsible, y el propio equipo del canciller Ebrard calculó, el tema de la violencia y el narcotráfico era el siguiente escollo en la relación bilateral después de la migración. Las enormes concesiones que hizo México para disminuir el flujo migratorio valdrán de poco si no hay una respuesta concreta en el tema de seguridad. Se antoja que regresará la amenaza de aranceles.

Las agencias de Estados Unidos, acostumbradas a una cooperación bastante estrecha con los gobiernos anteriores en México, se quejan de que a la administración actual no le interesa mantener esa dinámica. E insisten en que lo peor es que no tienen un plan que sustituya al que había.

SACIAMORBOS. Nada más letal para las cortinas de humo que la realidad misma.