El año que terminó dejó un saldo de agresiones contra periodistas hidalguenses, la mayoría aún sin resolver, sin castigo para los responsables; bueno, ni una llamada de atención a quienes fueron señalados como los autores directos o intelectuales del maltrato a los compañeros del gremio.

Pareciera que a nadie le importa lo que pase con los comunicadores, aunque las autoridades, de dientes para afuera, aseguran que hay respeto irrestricto al principio de libertad de expresión y al quehacer de fotógrafos, camarógrafos y reporteros.

Creo que coincidimos los comunicadores en que no queremos condiciones de excepción, ni diferenciadas, solo queremos cumplir con nuestra actividad sin tener que acudir artillados a una cobertura y que los involucrados en acciones inadecuadas, que dan como resultados denuncias de la misma población, no cuenten con protección para insultar, en el mejor de los casos, o golpear salvajemente a un fotorreportero, solo por el hecho de dar testimonio de ilícitos.

La agresión más reciente fue a nuestro compañero fotógrafo, que fue golpeado por vendedores de pirotecnia en el mercado 1º de Mayo por el hecho de testimoniar la venta clandestina de estos artefactos que son un riesgo para la población e, incluso, para los mismos que los venden.

El que un fotógrafo consigne el ilícito no significa que los vendedores de cohetones lo dejen de hacer, pero, eso sí, los muy cobardes se indignan al ser puestos en evidencia y, aprovechando su condición de mayor número, son tan puñales que golpean a un reportero indefenso que solo está haciendo su trabajo.

Yo pregunto: si la venta de cohetones fuera permitida, ¿reaccionarían así ante el hecho de ser fotografiados? Claro que no, es un delito y estos sujetos están conscientes de lo que hacen y, además de cometer una falta, todavía se hacen los dignos y arremeten contra alguien que sí está ejerciendo una profesión legítima.

Más allá de los reclamos y exigencias inútiles para que respeten nuestro trabajo, habría que ir al fondo del problema.

En las últimas administraciones se ha intentado sin éxito, primero, poner en marcha una Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y, después, la redacción y concreción de una serie de ordenamientos que hagan tangible eso que la ley pretende proteger: a los trabajadores de los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos.
Y digo que se ha intentado porque, a pesar de los esfuerzos de diferentes colegas para hacer realidad esta ley, que cada vez se hace más urgente, todo parece indicar que no hay interés ni ganas ni huevos para proponer una ley de avanzada que garantice, cuando menos, el libre ejercicio de nuestra profesión.

Insisto, no queremos trato de excepción, pero sí, cuando menos, las garantías de salir a la calle a realizar nuestras actividades sin el temor de ser maltratados, insultados o golpeados, pero, como a nadie le importa, nadie hace nada y lo más que se tiene son buenas intenciones de, ahora sí, retomar el asunto y legislar en serio, pues el ejercicio se ha convertido en una actividad de sobrevivencia que se realiza con el valor y los huevos que da el hecho de informar a cualquier costo y siempre con la bendición de un ser superior, porque de las autoridades terrenales de plano no se puede esperar nada.

Así que llegamos a 2019 con una serie de promesas vacías, pero con muchas ganas de retomar una ley que por años ha sido letra muerta.

Espero que no lleguemos a 2020 con más agresiones a los representantes de los medios de comunicación.

Bertha Alfaro