Durante los siglos XIX y parte del XX, antes de que se construyeran las redes carreteras, el ferrocarril fue el principal medio para transportar productos y personas.

Gracias a este medio de transporte se acortaron las distancias entre las poblaciones que ya existían. Después, a lo largo de las diversas líneas ferrocarrileras, surgieron nuevos asentamientos en donde se crearon nuevos negocios que generaron empleos y prosperidad.

El desarrollo económico de México durante el porfiriato (1884-1911) solo puede explicarse por la construcción de líneas ferrocarrileras que unieron a un país que nunca lo había estado.

Al llegar Porfirio Díaz al poder existían 670 kilómetros de vías férreas. Cuando fue derrocado eran 25 mil kilómetros, lo que significa que su gobierno promovió el tendido de casi 19 mil 000 kilómetros.

Después de la Revolución, los gobiernos federales fueron descuidando a Ferrocarriles Nacionales de México, la paraestatal creada en 1909 por Díaz para poner bajo control gubernamental a tan importante medio de transporte.

En 1995 el presidente Ernesto Zedillo promovió una reforma al artículo 28 de la Constitución, que le retiró al ferrocarril su categoría de área estratégica del Estado y permitió que empresas privadas y sociales participaran en la actividad.

En 1998 Zedillo le concesionó los ferrocarriles, durante 50 años, a tres empresas que de inmediato cancelaron el servicio de transporte de pasajeros.

Durante los 36 años que imperaron las políticas económicas del neoliberalismo, de 1982 a 2018, fueron vendidas centenas de empresas que pertenecían al Estado mexicano.

La venta de la mayoría de ellas estuvo justificada. Después de todo, nada justificó nunca que existieran empresas paraestatales que fabricaban bicicletas o vajillas o que administraban cadenas hoteleras, entre muchos giros de negocio.

Sin embargo, al privatizar los ferrocarriles, aduciendo que su operación solo era posible mediante enormes subsidios, Zedillo ignoró que este medio de trasporte generaba riqueza en amplias zonas del país.

Zedillo y sus tecnócratas olvidaron que no todos los servicios que proporciona el Estado deben ser rentables. Si así fuera la educación y la seguridad pública deberían ser privatizados.

Los doctores en Economía educados en Estados Unidos tal vez hubieran actuado de otra manera si sus estudios los hubieran realizado en Europa, en donde la mayoría de los ferrocarriles son subsidiados por los gobiernos debido a los beneficios económicos y sociales que proporcionan.

Por ejemplo, en Alemania la paraestatal Deutsche Bahn recibió el año pasado un subsidio de casi 14 mil millones de dólares.

Ese mismo año, el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó 100 mil millones de pesos para subsidiar las gasolinas que utiliza el transporte público y privado. En 2017 el subsidio fue de 70 mil millones de pesos, dinero que se fue al basurero en vista de que no dejó infraestructura ni beneficio a medio y largo plazo, como sí ocurre con los ferrocarriles europeos.

Los que se oponen a la construcción del Tren Maya, que unirá por fin al sureste mexicano, harían bien en pensar en los beneficios que generará este ferrocarril, que será subsidiado, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.