En días recientes las noches de Pachuca se han iluminado, aunque sea por unos cuantos segundos, con las luces de espectaculares fuegos artificiales por el rumbo del bulevar Felipe Ángeles. Uno de esos fuegos artificiales se dio la noche del domingo pasado, cuando funcionarios estatales dieron una conferencia de prensa para señalar irregularidades por 663 millones de pesos en detrimento, dijeron, de 86 mil estudiantes locales de las Escuelas de Tiempo Completo.
La denuncia de los funcionarios de la SEPH señala que una treintena de personas, sin especificar un sólo nombre, está siendo investigada por inconsistencias en la organización, manejo y comprobación del programa escolar.
Se trata, según los denunciantes, de manejo de recursos sin comprobación en cuentas matrices, facturas no acreditadas y alumnos “fantasma”, además de expedición de cheques para retiro de fondos sin que éstos se hayan entregado a los beneficiarios, pago de salarios de nóminas no comprobadas, así como entrega de la adquisición de alimentos en regiones del estado con proveedores que dan diezmo a funcionarios a cambio de sobrefacturar o entregar productos de baja calidad para los estudiantes. Hasta allí el sentido de la denuncia presentada el domingo por la actual administración estatal.
Vale la pena detenerse a revisar algunos puntos en torno a este tema:

1.- Es claro que pudo haber mal manejo de recursos públicos. Cualquier persona que maneje dinero puede caer en una irregularidad. Ahora bien: el fallo puede no estar directamente en la SEPH, como se ha buscado aparentar. Mucho de los recursos que se manejan en el programa de Escuelas de Tiempo Completo se entregan directamente a los comités responsables de los planteles, y dichos comités son formados por padres de familia, directores y docentes. En todo caso la SEPH se encarga de fiscalizar lo ejercido, y por ello se descubren esos problemas. Se menciona a municipios de las zonas serranas y de la Huasteca hidalguense.
Hay que detenerse a pensar que en muchos casos en esos lugares es difícil encontrar comprobantes formales para relaciones de gastos en productos perecederos o servicios, los cuales fueron avalados por padres de familia.

2.- Se habla en la denuncia de una treintena de personas. El número es incierto, y conforme avancen las investigaciones, la cantidad de posibles involucrados muy probablemente cambiará; y si se amplía el número de investigados, la denuncia correrá riesgo de empantanarse legalmente.

3.- Los malos manejos ocurrieron, dicen, entre noviembre de 2014 y enero de 2017. Es decir, el fallo habría ocurrido en un periodo de tiempo que incluye a la anterior administración estatal, pero también a la actual.

4.- Los tiempos de la denuncia ante medios resultan peculiares, si no es que sospechosos. ¿Denunciar un domingo en la tarde? ¿Buscaban “la de ocho”? Hay quienes señalan que la prisa por denunciar públicamente fue para apagar fuegos mediáticos que se prendían en medios nacionales otros asuntos.

5.- Quienes presentaron la denuncia ante medios son funcionarios con problemas de lealtad, según se menciona en los pasillos gubernamentales. Uno de ellos fue asesor del PRD y luego estuvo muy activo como asesor de municipios bajo la tutela de un político hoy distanciado de las primeras líneas del poder.
Investigar y sancionar a los que fallaron deliberadamente es necesario. Pero no todo, pues, resulta ser tan luminoso como parece. Los fuegos artificiales suelen ser espectaculares, pero también resultan fugaces.