Gasoductos parados
 
Hace (61) meses
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“El mayor mal de la falta de aplicación de alguna ley es que destruye el respeto por todas las leyes.”
Herbert Hoover

Por qué están detenidos los gasoductos? No ha sido falta de capacidad técnica o financiera de las empresas encargadas de construirlos. Los trabajos han sido frenadas por grupos políticos que buscan extorsionar a los constructores o impulsar agendas conservadoras que se oponen al desarrollo económico.

Está ahí el caso del gasoducto Ramal-Tula, al que faltan solamente 1.6 kilómetros. La construcción, a cargo de la empresa canadiense ATCO, está detenida desde 2015. Un político hidalguense, Julio César Ángeles Mendoza, ha sido el principal responsable; originalmente era miembro del Partido Encuentro Social y después pasó Morena. Primero amenazó a la empresa con detener el gasoducto si no contrataba a un sindicato en particular. Después interpuso amparos en nombre de ejidatarios, a pesar de que, como él mismo reconoció en una entrevista a Reforma, estos “ya habían recibido su pago de lo acordado”. ATCO ha acusado a Ángeles Mendoza de haberle pedido 60 millones de pesos a cambio de permitir que continuara la construcción del gasoducto, pero la empresa señaló que no podía entregar el cohecho porque la legislación canadiense castiga a los ejecutivos de su país cuando dan sobornos, incluso en el extranjero.

López Obrador no tendrá muchas dificultades para localizar a Ángeles Mendoza si quiere conversar con él. Actualmente es legislador por Morena y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. La responsabilidad seguramente se le otorgó por su eficacia para detener el gasoducto.

Este es uno de los siete gasoductos que no se han podido concluir debido a los bloqueos o amparos de grupos políticos. En ningún caso la responsabilidad recae sobre las empresas contratadas para hacer el trabajo. La mayoría de las veces la estrategia de quienes se oponen a los proyectos ha sido recurrir a amparos que permiten a grupos minoritarios detener inversiones aun cuando sea con un costo enorme para la sociedad.

El propio López Obrador ha cuestionado a los grupos que no han permitido concluir el gasoducto de Huexca, Morelos, que permitiría proveer combustible para una nueva termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Un exasperado López Obrador respondió en Cuautla el 10 de febrero a las protestas de los grupos que se oponen al gasoducto y la planta generadora: “Y aunque griten, aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que va a decidir sobre este asunto. Y también yo entiendo que hay ambientalistas auténticos, pero también hay intereses creados.”

Uno de los argumentos del presidente es que la planta de Huexca sí hay que echarla andar porque es de la CFE. Si fuera privada, al parecer, no tendría el mismo respaldo del gobierno. Esta posición viola el principio liberal de que la ley debe ser la misma para todos.

Preocupa la incertidumbre en que viven los proyectos productivos en nuestro país. El argumento que se ha utilizado para combatir el gasoducto y la termoeléctrica de Huexca es que generarán contaminación y afectarán la provisión de agua. Los estudios técnicos señalan que los miedos son infundados, pero eso no ha impedido que tribunales y grupos políticos bloqueen las inversiones.

Si México sigue deteniendo proyectos productivos aunque tengan las certificaciones técnicas necesarias, simplemente estaremos hundiendo al país. Una economía sin gas y sin electricidad está condenada a la pobreza.

Veda de 10 años
El presidente quiere ampliar de uno a 10 años la veda para que los funcionarios públicos puedan trabajar en empresas de su ramo. La medida parece buscar que los especialistas ya no trabajen en el gobierno. Solo los políticos que no pueden conseguir un puesto en el sector privado tendrían responsabilidades en el gobierno.

Sergio Sarmiento

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