“La autoridad sólo puede hacer lo que la ley expresamente le faculta.”
Principio jurídico
El fallo del colegiado es un golpe brutal a la Procuraduría General de la República. Los magistrados determinaron en una decisión unánime que la investigación del caso Iguala “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”. Pero fueron más allá al señalar que, como “en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia”.
Esta comisión estará formada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero solo los dos primeros podrán determinar las líneas de investigación y las pruebas que se desahogarán. El MP perderá su autonomía y tendrá que limitarse a obedecer instrucciones. Los dos primeros podrán también validar la incorporación a la comisión de otras organizaciones nacionales e internacionales.
El fallo en un juicio de amparo del primer tribunal colegiado del 19º circuito de Reynosa, Tamaulipas, ha sido considerado como “inédito” y lo es. Quizá más. Algunas de las disposiciones parecen ser incluso inconstitucionales.
El juicio de amparo es un arma muy poderosa para salvaguardar las garantías individuales, pero tiene límites como todo instrumento jurídico. Un tribunal colegiado puede suspender la acción de una autoridad, ordenar la reposición de un juicio o poner en libertad a un detenido, pero ninguna ley le da facultades para crear una comisión de la verdad. En todo caso, esto sería atribución del poder ejecutivo. En nuestro orden legal, recordemos, ninguna autoridad puede hacer más que lo que dispone la ley.
El artículo 21 de la Constitución establece que “la investigación de los delitos” y “el ejercicio de la acción penal ante los tribunales” corresponden al ministerio público. El tribunal, sin embargo, está dando a la comisión de la verdad la parte sustancial de esta responsabilidad en el caso Iguala. Como esto sería ilegal, señala que los “representantes de las víctimas” y la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinarán las líneas de investigación y las pruebas. Al ministerio público se le convierte en simple mensajero para entregar la documentación a los tribunales. La posibilidad de incorporar todavía más organizaciones a esa comisión de la verdad inquieta de igual manera. Los magistrados que inventaron este esquema no se han enterado que, como dice la sabiduría popular, demasiados cocineros echan a perder el caldo.
No hay indicación de que los “representantes de las víctimas” sean organismos imparciales para encabezar una investigación. Las organizaciones y abogados que han venido representando a algunos padres de los normalistas desaparecidos -no a todos– son altamente ideológicos y politizados. Desde el principio su objetivo ha sido culpar al Estado mexicano. Nunca les ha interesado conocer la verdad sobre lo sucedido en Iguala. Los normalistas son usados como bandera para un proyecto político.
Otra decisión preocupante del tribunal es separar del caso a todo el equipo que lleva actualmente la investigación. Casi cuatro años después de los hechos, habrá que empezar de nuevo, pero con investigadores que no conozcan el caso, que no tengan facultades para establecer líneas de investigación y que obedezcan instrucciones de un grupo de activistas políticos. No parece que los magistrados del primer tribunal colegiado del 19º circuito estén tomando las medidas adecuadas para lograr una justicia pronta y mucho menos efectiva.
Depreciación
La incertidumbre cuesta. El dólar se cotizaba ayer al cierre de operaciones a 20.70 pesos en ventanillas bancarias y a 20.38 en el mercado interbancario. El 16 de abril el dólar estaba a 18.01 pesos en el interbancario. El precio ha aumentado 13.1 por ciento en menos de un mes.
