.-”Tiene que haber un regreso del ejército a sus funciones normales, porque el país no puede vivir siempre en un estado de excepción.”
Porfirio Muñoz Ledo, 31.8.18

Las ocho sillas en el escenario de Palacio Nacional donde el presidente ofrece sus mañaneras fueron ocupadas por cinco hombres y una mujer en uniforme, así como dos civiles. El secretario de seguridad, Alfonso Durazo, presentó al general de brigada Luis Rodríguez Bucio como comandante de la nueva Guardia Nacional. Otros tres uniformados habrán de integrar la Coordinación Operativa Institucional del nuevo cuerpo de policía.

Rodríguez Bucío está en proceso de retiro del ejército. El contralmirante Gabriel García Chávez, quien representará a la Marina en la Coordinación, está ya en retiro, al igual que el general Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, quien participa por la Defensa. La doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, también en uniforme, no es militar sino comisaria general de la Policía Federal. Llama la atención que dijo tener ¡12 doctorados! No sé cómo sea posible, pero ese es otro tema.

No encuentro ninguna objeción en los resúmenes biográficos del comandante o los integrantes de la Coordinación. Parecen bien preparados para los cargos que ocuparán. Esto no evitará, sin embargo, el debate sobre la militarización de la Guardia Nacional.

Es paradójico que la izquierda, que tradicionalmente ha cuestionado el uso del ejército como policía y se ha quejado de los abusos de los militares a los derechos humanos, hoy esté militarizando la institución que asumirá el papel más importante de seguridad interior. No ha pasado mucho tiempo desde que los activistas insistían que la Sedena abriera las puertas de los cuarteles para determinar si en sus supuestas mazmorras estaban confinados los normalistas de Ayotzinapa. El caso de Tlatlaya, apenas en 2014, se convirtió en bandera para la exigencia del retiro del ejército de las funciones de policía.

El gobierno de Enrique Peña Nieto hizo un enorme esfuerzo para impulsar una Ley de Seguridad Interior que permitía el uso de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior y que finalmente fue invalidada por la Suprema Corte. Morena y algunos activistas fueron los principales opositores a esta ley. Ya como presidente, sin embargo, López Obrador ha llegado a la misma conclusión que sus dos predecesores inmediatos, Peña Nieto y Felipe Calderón: la militarización es, de momento, inevitable.

No hay razones para pensar que las fuerzas armadas cometen más violaciones a los derechos humanos que las policías. Sí están, sin embargo, más organizadas para actuar de manera eficiente. La nueva Guardia Nacional tendrá, por supuesto, que desarrollar protocolos de actuación en derechos humanos. Si bien la historia nacional nos obliga al escepticismo, no hay nada que obligue a que una fuerza policial, formada por militares o por civiles, viole las garantías individuales.

A final de cuentas la Guardia Nacional tendrá que ser juzgada por el cumplimiento del propósito de disminuir la delincuencia y la violencia. No hay indicios de ello hasta ahora. El número de homicidios dolosos en febrero de 2019 fue de 2,374, 15 por ciento más que en febrero de 2018, pero el gobierno de López Obrador lleva solo cuatro meses en funciones y la Guardia Nacional, su gran apuesta en esta materia, todavía no entra en funciones. A todos nos conviene que sea un éxito, sin importar qué tan militarizada pueda estar. Le deseo lo mejor.

Visiones distintas
El titular de la CRE, Guillermo García Alcocer, afirmó que hay escasez de gas, “estamos cerca de una alerta crítica”, y advirtió que la falta de líneas entre Chiapas y Yucatán puede desconectar la península. López Obrador, en cambio, dice que se está estudiando si los apagones en Yucatán han sido producto de sabotajes.