Transcurrieron dos años desde el secuestro y asesinato de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, y no existen indicios de que las autoridades de este país logren dar una explicación a la población y a los familiares de los alumnos sobre qué fue lo que pasó ese 26 de septiembre de 2014 ni quiénes fueron los responsables.
Impunidad e ineptitud son las dos caracterizas del casos. Impunidad, la eterna impunidad que hunde las esperanzas de los mexicanos y que a diario nos sume más en la miseria, en la injusticia y la desigualdad. Ineptitud, como la que han mostrado las autoridades de este país, desde las encargadas de la procuración de Justicia hasta aquellas responsables de la seguridad de los ciudadanos.
Ayer, los familiares de los 43 desaparecidos marcharon por enésima ocasión para exigir a las autoridades el regreso de sus hijos, a quienes una deficiente investigación gubernamental los calcinó en un basurero de Cocula. Y es que mientras no se conozca la verdad ellos no han muerto, aunque no existe la menor esperanza de que sigan vivos.
Han pasado 730 días de desasosiego, de recordar que en este país la vida no vale nada, que somos gobernados por un conjunto de ineptos bien pagados y que nada nos garantiza que hoy o mañana nosotros o los nuestros no pasaremos por el mismo viacrucis.
Hay detenidos, sí, pero estamos muy lejos de tener justicia, de saber qué fue lo que sucedió con 43 jóvenes mexicanos que deberían hoy estar en las aulas, preparándose para tener un mejor futuro y no desaparecidos en un país en que un día, de la nada, alguien decide quién puede o no seguir viviendo.

P.D. ¡Y en la alcaldía de Pachuca sabrán que ya arrancó el cuatrienio?