“Hay dos potenciales violadores de los derechos del hombre: los criminales y el gobierno.”
Ayn Rand

Los hechos que tuvieron lugar en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre dejaron marcado al gobierno de Enrique Peña Nieto. La recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un texto de 2,178 páginas disponible en la página de internet de la institución, nos deja una especie de colofón provisional e invita al nuevo gobierno a continuar las investigaciones y a evitar la impunidad.

La recomendación es muy crítica sobre la actuación de las autoridades municipales, estatales y federales antes, durante y después de la noche de Iguala. Cuestiona incluso a la Procuraduría General de la República y al Ejército, que tuvieron conocimiento de los hechos, pero no reaccionaron ante ellos. Señala una colusión del crimen organizado con policías, gobiernos y sectores de actividad económica, como el transporte, en la zona. En esto le da la razón a quienes han afirmado que el culpable de la desaparición, y presunta muerte de los normalistas de Ayotzinapa, es el Estado mexicano y no simplemente el gobierno de Iguala, la policía municipal o el crimen organizado.

La recomendación señala, no obstante, que sí hubo un incendio en el basurero de Cocula, como lo señaló la investigación de la Procuraduría General de la República, y que cuando menos algunos de los estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron fueron quemados en ese lugar. Un grupo de entre 15 y 20 estudiantes, apunta el documento, fueron detenidos en el puente del Chipote y después trasladados a Huitzuco, mientras que otros 23 a 28 fueron detenidos en Juan N. Álvarez y Periférico, trasladados a la comandancia municipal de policía de Iguala, llevados posteriormente a Loma del Coyote y entregados ahí a integrantes de la banda Guerreros Unidos, quienes luego los condujeron al basurero de Cocula. La bolsa encontrada en el río San Juan, por otra parte, sí contenía restos de estudiantes de la Normal Rural. Estos hechos han sido negados de manera insistente por los líderes del movimiento de Ayotzinapa y por el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI).

LA CNDH no investiga delitos, facultad que le corresponde a las procuradurías o a las fiscalías. Sin embargo, el documento advierte que “hace aportaciones que pueden significar avances serios en el caso si se desarrollan las indagaciones adecuadas por el Ministerio Público Federal”. La recomendación podrá ser cuestionada en muchos de sus elementos, pero ofrece un intento sistemático por examinar toda la información disponible desde un punto de vista crítico, pero desapasionado.

El documento es muy extenso. Tiene información sobre muchos detalles del caso, pero no resuelve todas las dudas. Por eso la CNDH plantea que deben continuar las investigaciones.
La idea que surge de esta compilación de información sugiere que, más que una gran conspiración del Estado mexicano para matar a los normalistas de Ayotzinapa, tenemos un Estado débil y corrupto, infiltrado por el crimen organizado. Las autoridades municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco estaban coludidas con el crimen, mientras que las federales al parecer fueron omisas.

Los crímenes de la noche del 26 al 27 de septiembre recalcan una vez más el costo enorme que ha pagado México por la guerra contra las drogas, la cual no solo no estamos ganando sino que ha corrompido hasta los cimientos al Estado mexicano.

Prepotencia
Paco Ignacio Taibo II mostró una prepotencia tan grande en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ante sus perspectivas de ser nombrado director del Fondo de Cultura Económica que era inevitable que el Senado postergara la aprobación de una ley a modo. AMLO cometería un error sí lo nombra de todas maneras encargado de despacho.