Para enfrentar uno de los desafíos más grandes que tiene México, la violencia, el crimen organizado y la corrupción que genera, el nuevo gobierno de la República decidió dar un paso sumamente delicado. Se planteó recuperar la figura de la Guardia Nacional que está en la Constitución pero modificada en su integración, competencias y mando.
De la misma manera en que la Ley de Seguridad Interior -promulgada en el gobierno de Peña Nieto y aniquilada, en su totalidad, por la Suprema Corte de Justicia- la iniciativa del actual gobierno recibió críticas y rechazo de organizaciones ciudadanas y organismos nacionales e internacionales que han visto que el modelo propuesto: “…debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática” (CNDH); carecería de “…de suficientes mecanismos de supervisión de las acciones de las fuerzas armadas” (Amnistía Internacional) y “…consolidaría -a nivel constitucional- el paradigma militar en materia de seguridad, mismo que ha contribuido al deterioro de la situación de derechos humanos en México” (ONU-DH).
La gravedad del problema y la imposibilidad de encontrar una respuesta desde el ámbito civil han llevado a reconocer al actual gobierno que se tuvo que abandonar promesas de campaña para apoyarse en las Fuerzas Armadas y enfrentar el problema. Pésima noticia para un país que ha vivido los resultados catastróficos de la “guerra contra las drogas” decretada por Calderón y seguida, a pie juntillas, por su sucesor.
Hoy Andrés Manuel López Obrador se enfrenta al más grande dilema de su gestión: continuar con la militarización, dotándola, incluso, de orden constitucional y, si nos descuidamos, instaurando su perpetuación. Se supone que se trataba de lo contrario: de encontrar mecanismos para un retiro -evidentemente gradual- de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, refrendar el carácter temporal de su presencia en las calles, aunque juntos sumaron 12 años de una “temporalidad” demasiado larga y la “excepcionalidad” se convirtió en costumbre.
La reacción en cadena en contra de la iniciativa y el dictamen original hicieron que los legisladores de Morena hicieran cambios que pudieran atemperar las críticas y poder dar paso a la votación.
No exento de protestas de legisladores y activistas se aprobó ayer el dictamen. 18 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones. Se espera que el dictamen se suba a pleno este mismo viernes, como preámbulo de la Navidad.
Las modificaciones planteadas tratan de recomponer parte de lo que ha sido severamente criticado. La nueva propuesta apunta a que sea el secretario de Seguridad, un civil, y no el secretario de la Defensa, quien tenga el mando único de todas las fuerzas militares, navales y policiacas de la Federación, aunque la operación, organización y tipo de disciplina -militar- quedaría adscrita a la Sedena. No queda suficientemente claro cuál sería la naturaleza de la Guardia. Será una organización híbrida, dijo Mario Delgado. Tendrá disciplina y organización militar, pero una actuación 100 por ciento en el ámbito de lo civil y bajo el mando de la SSP. Tendrán que explicarlo muy bien para disipar el temor de que se trate de poner un rostro civil -para atemperar las críticas- pero estructura, naturaleza y mando real sean del propio Ejército.
Se propone ahora, también, un plazo de cinco años para evaluar su vigencia y que, una vez superada la crisis -hay que ver cómo se determinaría eso-, el Senado podría disolver a la Guardia.
De que hay un sentido de urgencia ni duda cabe. De que hay que escuchar y atender a las voces de los expertos, tampoco. ¿Cuál es el modelo correcto? ¿Cuál es el que permita dar el giro preciso? Hoy en el punto de quiebre más importante de la historia reciente de México -como diría el propio López Obrador- no se vale fallar.
ATICO
Carmen Aristegui F.
La violencia, el crimen organizado y la corrupción obligan al gobierno a dar un paso sumamente delicado.
ENTRESACADO (por si hace falta)
No exento de protestas de legisladores y activistas se aprobó ayer el dictamen. 18 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.
