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La huelga minera de 1766

La historia de la comarca minera Pachuca-Real del Monte registra diversos conflictos obreros desde el descubrimiento de sus minas en 1552. En los Archivos del Poder Judicial del Estado y el General de la Nación se encuentran registrados un buen número de asuntos sobre esos conflictos; sin embargo, el de mayor celebridad, desde el luego el más documentado de todos, fue el suscitado en Real del Monte durante los meses de julio y agosto de 1766, cuya trascendencia e importancia derivó en la redacción de nuevas ordenanzas, para regir al trabajo minero novohispano a partir de 1783.

El conflicto, cuyo momento más importante fue el 15 agosto –el pasado jueves se cumplieron 243 años–, es considerado remoto antecedente del movimiento obrero mexicano durante el que, bajo una auténtica conciencia de clase, los operarios acudieron a la suspensión de los trabajos –huelga– e inclusive al tumulto violento para reivindicar sus derechos y prestaciones.

Todo se suscitó a raíz de que Pedro Romero de Terreros, primer conde de regla, decretó la suspensión del “partido”, prestación reconocida por la costumbre, que consistía en permitir al final del téquio o jornada que los mineros sacaran un costal o tenate de mineral extra, que (re)partirían con el dueño de la mina a porciones iguales, producto que los trabajadores podían vender para su beneficio al mismo patrón o a terceros, con lo que obtenían una especie de sobresueldo, considerado por ellos como indispensable para satisfacer sus necesidades.

La suspensión del partido, se decretó a raíz de que el perito Joseph de Leoz, llamado por el conde para verificar el desarrollo de las labores en sus minas y haciendas de beneficio, encontró que la costumbre del partido generaba diversos vicios entre operarios y barreteros, uno de ellos, prohijar la existencia de ingenios de beneficio argentífero, propiedad de los llamados rescatadores, quienes se mantenían de la compra del mineral obtenido a través del partido, que era adquirido en irrisorias cantidades y sin gastar centavo alguno en la extracción, con lo que evadían el tributo a la corona y ejercían una competencia desleal. Por si esto fuera poco, Leoz halló que los operarios sacaban, a través del partido, el mejor mineral, apartado sagazmente por los barreteros, a fin de vender el de mejor ley, a mayores precios, a los rescatadores. Estos argumentos fueron los que invocó el De Terreros al suspender el partido.

El conflicto fue planteado en principio ante las autoridades de Pachuca, que nada resolvieron, obligando a los mineros a acudir ante el virrey, Marqués de Cruillas. Como la respuesta de este, no fue del todo satisfactoria para los operarios, se generaron diversas protestas públicas, alcanzando alarmantes proporciones en el tumulto del 15 de agosto de 1766, durante el que los mineros dieron muerte al alcalde mayor de Pachuca, José Ramón de Coca, cuando intentaba apaciguar los ánimos, resultando muerto también el minero Manuel Barbosa y, a punto de perecer, Romero de Terreros, quien se había refugiado en la casa que tenía Real del Monte. Fue el cura de la parroquia de aquel lugar quien logró pacificar a los huelguistas, al sacar al santísimo “bajo palio”, mientras exhortaba a la calma, lo que fue aprovechado por Romero de Terreros para huir a sus haciendas de Huasca, donde permaneció largo tiempo.

A partir de ese momento, los operarios de las minas del conde de regla que eran las más ricas de la comarca, se negaron a trabajar e impidieron que otros lo hicieran, paralizándose así una buena parte de la industria extractiva de la comarca.

El virrey envió para resolver el conflicto al ilustre abogado jalisciense Francisco Javier Gamboa; sin embargo, sus esfuerzos resultaron insuficientes, pues la situación se prolongó hasta que el año de 1773, en que el virrey Frey Antonio María Bucareli y Ursúa aprobó diversas medidas “…a fin de que se reanuden las labores en las minas de Los Reales de Pachuca y Real del Monte, pertenecientes al Conde de Regla”.

En principio, el virrey intentó derogar la figura del partido al considerarlo como práctica, nociva para la minería novohispana, pero pronto se dio cuenta que ello era imposible, ya que ningún patrón accedió a suprimirlo, en tal virtud, lo que hizo el gobernante, fue reglamentarlo a fin de encauzar el libre comercio con los rescatadores.

Las secuelas del conflicto se sentían aun en noviembre de 1775, al dictarse diversas providencias, como la de prohibir a los 18 cabecillas del movimiento, que habían purgado ya pena de prisión en la Habana, “trabajar juntos en cualquier actividad y a ninguno en lo particular en cualquier mina de estos reinos, por considerarlos de alto peligro para la corona”.

La más importante, consecuencia de aquel movimiento, fue la emisión de nuevas ordenanzas para el trabajo minero, en las que intervino de manera directa don Francisco Javier Gamboa, quien utilizó la experiencia del conflicto de Pachuca y Real del Monte, en el que fue mediador. Estas ordenanzas entraron en vigencia el 25 de mayo de 1783.
La imagen que ilustra esta nota, es un óleo de Pedro Romero de Terreros, primer conde de regla, el hombre más rico de su tiempo en el imperio español, fundador del Monte de Piedad y de las Animas, hoy Nacional Monte de Piedad, donde se encuentra esta imagen.

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