“Y la turba incontrolada o incontrolable es solo la voz de la locura, no la voz del pueblo.”
Robert Kennedy

El artículo 494 del Código Penal señala: “Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de dos a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, afectando su normal funcionamiento.” Solo que no es el Código Penal mexicano, sino el español. Los legisladores españoles entendieron en su momento que no es bueno para un país que sus parlamentarios sean presionados por grupos organizados.

En México, en cambio, estos grupos pueden presionar a los legisladores con todo el respaldo de los códigos legales. Sus principales armas son las movilizaciones y los bloqueos. El uso de grupo de choque para obtener recursos del erario es cada vez más común en nuestro país.

Este viernes 21 de diciembre Antorcha Campesina, una organización priista, y el Frente Amplio del Campo, de izquierda, rodearon el Palacio Legislativo e impidieron la entrada o salida no solo de los diputados sino del personal que estaba en el interior. Una angustiada Tatiana Clouthier, la diputada que fue coordinadora de la campaña de López Obrador, mandó un llamado de auxilio a través de Twitter: “SOS, no sé si para bien o para mal, mas estamos secuestrados en Congreso. Lo que no está bien y @SPCCDMX debería hacer algo pues encadenaron puertas y es peligroso.”
Estos grupos piden “recursos para el campo”, lo cual quiere decir dinero para financiar sus movimientos y enriquecer a sus líderes. Lo hacen a través de manifestaciones y bloqueos porque los líderes se han dado cuenta que, frente a un gobierno débil, la forma más fácil de obtener dinero es presionar, secuestrar o bloquear.

Son constantes ya los bloqueos y movilizaciones que buscan dinero del gobierno. El 18 de diciembre un grupo de empleados de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) bloqueó durante más de 10 horas los accesos de Cuernavaca, afectando a miles de personas; al día siguiente tomó las casetas de peaje de la autopista México-Cuernavaca para dejar el paso libre a los vehículos, lo que provocó pérdidas millonarias a Capufe, una empresa gubernamental. La semana pasada hubo manifestaciones y bloqueos de trabajadores gubernamentales en Tabasco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Nayarit, Zacatecas y Veracruz. Los grupos organizados saben que la forma de obtener dinero del gobierno es a través de agresiones a terceros.

Con demasiada frecuencia el gobierno cede y entrega dinero a los grupos de presión. El presidente López Obrador, por ejemplo, ordenó la entrega de 408 millones de pesos fuera de presupuesto a la UAEM para evitar nuevos bloqueos. En el Palacio Legislativo, los líderes de Morena ofrecieron 9 mil millones de pesos a los líderes de Antorcha Campesina y el Frente Amplio del Campo, así como a los alcaldes del PRD, para que desistieran de su bloqueo al Congreso.

La Ley de la Turba termina por cobrar cuentas inaceptables a la sociedad. Cuando a un extorsionador se le da dinero, tarde o temprano regresa por más. Al final los recursos públicos se convierten en un botín para los líderes de los grupos de presión. Deja de prevalecer el estado de derecho y se impone la ley de la turba. El que más daño le hace al pueblo es el que más se beneficia del dinero del pueblo.

InSATisfechos
Cientos de trabajadores del SAT han sido presionados para firmar su “renuncia voluntaria” y quedar sin trabajo y sin indemnización. No solo está empezando el nuevo SAT con una práctica violatoria de los derechos laborales, sino que no queda claro que el personal que se contrate para el trabajo estará capacitado.

Sergio Sarmiento