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La pugna por los millonarios negocios de la Central de Abasto

Detrás de las protestas de locatarios de la Central de Abasto, el pasado miércoles en Palacio Nacional, se encuentra también la pugna por el control financiero de un mercado en el que circulan más de 9 mil millones de dólares al año, la mayoría de estos en efectivo y sin registro en el sistema bancario.

Así lo debe tener claro el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su breve alusión al sabotaje que sufrió su mañanera se limitó a decir que este “es un asunto que tiene que ver fundamentalmente con el gobierno de la Ciudad”; es decir, con la lucha de fuerzas que Claudia Sheinbaum mantiene con añejos grupo de poder de la capital.

En este espacio le hemos comentado de la influencia que el canciller Marcelo Ebrard tiene en el manejo financiero de la CDMX a través de su excolaborador y ahora consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, a quienes se atribuye la llegada de Héctor Ulises García Nieto como coordinador general y, al mismo tiempo, administrador del fideicomiso de la Central de Abasto.

Esto choca con la supervivencia en las estructuras administrativas de operadores leales a Miguel Ángel Mancera, y al todavía efectivo control que también su exconsejero jurídico Manuel Granados mantiene sobre un sistema judicial que se diseñó durante la administración anterior y que tendrá vigencia hasta el presente año, en el que se ratifican o renuevan magistraturas del Tribunal Superior de Justicia local.

La Central de Abasto de la Ciudad de México, con capacidad para generar diariamente casi 300 millones de pesos en efectivo, ha funcionado invariablemente como la “caja chica” de cada uno de estos grupos políticos; esto a pesar de que en el gobierno de Ebrard se limitó su crecimiento como una especie de apoyo a las cadenas privadas de suministro.

Al incondicional mancerista, Julio César Serna, correspondió llevar las riendas de la Central en el gobierno pasado, mientras que Ebrard envió a Raymundo Collins a administrar el negocio, el mismo al que intentó imponer recientemente en la administración local como secretario de Seguridad Pública de Claudia Sheinbaum.

Ambas administraciones destacaron por instrumentar sendas reestructuras en la propiedad de las bodegas comerciales y en la relación de contratos para servicios y adquisición de materiales; todo esto plagado de denuncias por corrupción provenientes de los locatarios y empresas participantes en los procesos de contratación.

Sin duda, el caso más sonado es el de los contratos para la administración de los más de 3 mil cajones de estacionamiento, de las cuotas de los 60 mil vehículos que actualmente ingresan al lugar y de los servicios sanitarios del más de medio millón de personas que ahí hacen sus compras. Este es un negocio conjunto de mil 800 millones de pesos.

Vale la pena recordar que la administración de Mancera firmó acuerdos para estos servicios con las compañías N3ERL, Cupkiris L & N, Comercializadora de Productos Saludables GHEMM, Lugar 42 y Arrendadora AGU, todos ellos con contratos vigentes hasta 2027 y que se encuentran ya impugnados por la nueva autoridad en el ámbito de los tribunales.

A la par, destacan las incorporaciones contractuales de empresas visiblemente alineadas a la 4T y a sus personajes centrales, como es el caso de la operadora de estacionamientos Copemsa de Jorge Martínez, que cuenta ya con un permiso temporal, y Telmex de Carlos Slim, ganador de la licitación para implementar el Centro de Comando y Control C2 de la Central de Abasto, este último un contrato por 165 millones de pesos.

Esto se suma a los evidentes cambios en materia de combate a la delincuencia que suponen un inevitable retorno al panorama que prevalecía en la Central de Abasto durante la década pasada, situación que, al parecer, tendrá que superar un todavía arraigado frente de resistencia: el que se fue a manifestar a las afueras de Palacio Nacional.

 

Twitter: @MarioMal

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

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