No sé si es cierta la afirmación de Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, de que la Secretaría de Hacienda le ha recortado la entrega de recursos por haber presentado acusaciones sobre presuntos desvíos de su predecesor, César Duarte, al PRI. Tanto Hacienda como el presidente Peña Nieto han negado que se hayan modificado las entregas de recursos federales a Chihuahua, pero supongo que hay forma de verificar cuánto dinero se ha entregado a Corral y cuánto ha sido cancelado y en qué fechas.
Lo que cuesta más trabajo de creer es que el propio secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, le haya dicho personalmente a Corral en una reunión en Palacio Nacional, con testigos de ambos lados, que estaba recortando de manera ilegal las aportaciones federales a Chihuahua en represalia por haber promovido acusaciones contra priistas. Por muy tonto que pudiera ser el secretario de hacienda, es difícil pensar que ofrecería una confesión de parte en una reunión oficial con varios participantes, incluido un combativo gobernador de oposición. Pero esto fue lo que afirmó Corral el 7 de enero.
El presidente Peña Nieto declaró que la conferencia de prensa de Corral pareció un “acto político”. Y, efectivamente, el gobernador estaba de pie, leyendo un comunicado con una serie de personajes políticos e intelectuales a sus espaldas en una expresión de respaldo. Entre ellos sorprendió ver a Santiago Nieto, el ex fiscal electoral federal destituido el 20 de octubre por el procurador general en funciones por presuntamente haber violado los principios de legalidad y ética de las investigaciones.
Yo no sé si la conferencia de prensa de Corral del 7 de enero fue o no un acto político, pero de lo que no hay duda es que la corrupción será un tema fundamental en las campañas electorales de este año. La decisión del presidente Peña Nieto de escoger a José Antonio Meade como candidato del PRI buscó postular al aspirante con mejor reputación de honorabilidad entre sus colaboradores.
Ni siquiera Meade, sin embargo, podrá salir indemne de las acusaciones de corrupción que se han dirigido a gobernadores y funcionarios del PRI. Meade puede decir en Veracruz que “Nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado con la corrupción”, pero es claro que el ex gobernador veracruzano no sería el único responsable de esta traición. Roberto Borge, César Duarte y una larga lista de otros gobernadores salidos del PRI parecen haber incurrido en conductas similares. El propio Andrés Manuel López Obrador ha tomado ya el tema como arma para atacar al candidato priista: “Este asunto de corrupción en Chihuahua por Hacienda, donde está involucrado Meade, sería bueno que lo aclarara. Que diga por qué mandó la cuenta pública de 2016 con un fraude que él sabía que se había cometido. Él sirvió de tapadera.”
La debilidad del PRI en las encuestas de opinión es claramente producto de la reputación de corrupción que han acumulado los gobiernos surgidos de ese partido. Yo no sé si realmente el gobierno federal ha retenido de manera ilegal recursos al gobierno panista de Chihuahua. Esto, a fin de cuentas, se puede aclarar con un par de contadores que revisen presupuestos y entregas puntuales de recursos. El problema de la corrupción, sin embargo, es mucho más amplio y se ha convertido en uno de los temas fundamentales de esta campaña. Es un lastre que está afectando fundamentalmente a un partido, al PRI.
Alta inflación
El índice de precios al consumidor cerró en 2017 con un alza de 6.77 por ciento. Desde el 2000, cuando alcanzó 8.96 por ciento, la inflación no había alcanzado un nivel tan alto. Este fuerte aumento en los precios ha provocado una caída en el poder adquisitivo de los salarios promedio, aunque los mínimos subieron.
