Convengamos en que ante la sensible caída en los ingresos petroleros, y por haber llegado a una situación límite en el crecimiento de la deuda pública, en 2017 será inevitable la reducción de los ingresos del erario federal y por ende del gasto público.
La discusión que tiene sentido es en torno al monto del recorte al gasto y, sobre todo, la determinación de cuáles deben ser los ramos, programas y partidas presupuestales que en 2017 tendrán ajuste a la baja, y de cuánto en cada caso específico.
Enmascarar el problema de la baja de ingresos fiscales con trucos contables, como sobreestimar el precio promedio anual del petróleo y a la par manipular la proyección del tipo de cambio, para alcanzar una artificial elevación de ingresos sería una enorme irresponsabilidad de la SHCP y del Congreso. Por elemental prudencia, más vale adoptar previsiones pesimistas.
Una vez determinados los ingresos fiscales totales, lo siguiente es apegarse al manual de finanzas públicas, que indica la ruta crítica a seguir, empezando por determinar lo que convencionalmente se llama gasto irreductible, o comprometido por ley.
Inevitable es pagar capital e intereses de la deuda pública, a menos que sea posible renegociar plazos y disminuir tasas, lo que tendrá que se valorado. Ineludible es pagar los sueldos y salarios de los servidores públicos, desde el del Presidente hasta los de los policías, y los de cientos de miles de maestros, médicos, enfermeras, personal administrativo y un largo etcétera. Es en este punto donde caben las primeras medidas de austeridad, unas usando la ley y otras exhortado a la solidaridad, o a la ética.
Al Congreso corresponde determinar “la retribución que corresponda a un empleo determinado por la ley” (Art. 75 constitucional), la que no puede ser “mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente” (Art. 127.II). Hay que explorar que para el año próximo la Cámara de Diputados reduzca la retribución del Presidente en 40%, para que se produzca un efecto en cascada en los mandos superiores de toda la administración pública, federal, estatal y municipal, empresas paraestatales, órganos autónomos, poderes legislativos y judiciales y demás entes públicos, para que la reducción de sueldos de funcionarios superiores sea pareja.
Cuando por ley lo anterior no sea posible, cabe esperar que el efecto demostración lleve a los privilegiados a renunciar, de manera voluntaria, a una parte equivalente de sus generosas retribuciones. En el Poder Judicial y los órganos autónomos hay muchos funcionarios que pueden reducir sus sueldos.
Con tal ahorro no se paga la deuda externa, pero en algo ayuda a elevar el salario de maestros, médicos, enfermeras, policías y personal de base. En el total del gasto público los recursos así ahorrados quizá no pintan, pero al asignarlos a un fin como el sugerido, pintan mucho. En todo caso, creo, hay recortes de gasto, o de sueldos, que no deben evaluarse en términos agregados, sino por la ética de servicio público que implica adoptarlos.
Reducir en la administración federal el número de subsecretarías y direcciones generales, o equivalentes, es no solamente posible sino además necesario e impostergable; como lo es cerrar numerosos organismos públicos -federales, estatales y municipales- que surgieron y crecieron como hongos durante los últimos 14 años y sirven para casi nada.
Los gobiernos estatales deben reducir su estructura y personal, como deben hacerlo los municipales, en donde la cuchara grande es de uso generalizado, sin distingo de partido. Exploremos volver a los regidores municipales sin sueldo, con derecho solamente a una pequeña dieta de asistencia por las sesiones plenarias de Cabildo a las que asistan.
Es posible, y además necesario reducir, drásticamente, las transferencias directas de la Federación a los municipios, y reducir los elevados sueldos de alcaldes, regidores y directores municipales.
Hay tela de dónde cortar. Lo que se requiere es una tijera con filo.