Laboratorio
 
Hace (91) meses
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La verdad es que no sé de dónde salió, o quién popularizó, la idea de que la elección de gobernador del Estado de México (Edomex) es un “laboratorio” en que se adelanta, o se prueba, lo que ocurrirá el año siguiente en la elección presidencial. Las tres últimas experiencias no abonan en favor de tal idea.
En efecto, en 1999 el PRI ganó sin problema en el Edomex y un año después perdió la Presidencia; en 2005 ocurrió lo mismo, pero al año siguiente, en los comicios presidenciales, el PRI quedó en tercer lugar. Eruviel Ávila ganó en 2011 con un impresionante porcentaje (más del 60 por ciento) y al año siguiente Enrique Peña Nieto recuperó para el PRI la Presidencia, aunque con un porcentaje mucho menor. Así que “laboratorio” el Edomex no parece ser, no al menos en ese enfoque.
Que la elección de gobernador del Edomex esté separada de sus comicios locales para diputados y ayuntamientos, que coinciden con la elección federal, es producto de un cálculo político resultado de lo ocurrido en el año 2000. De aquellos comicios surgió la teoría de que el partido que gana la Presidencia tenderá a ganar las demás elecciones, por lo que para evitar el efecto de arrastre lo mejor es separar la elección del gobernador de la presidencial. Por eso, a contrapelo de lo que ha ocurrido en muchos otros estados, en el Edomex se mantiene un calendario de procesos locales que multiplica los años con elecciones.
Nadie pone en duda la importancia de la elección del año que entra en el Edomex; se trata del estado con el padrón más grande del país y el número uno en múltiples ámbitos; la importancia del gobernador mexiquense solo es comparable a la que tiene el jefe de Gobierno capitalino. Pero de ahí a sostener que el resultado del 2017 en el Edomex anticipará el de 2018 hay considerable distancia. Sin embargo, creo que a propósito de esa elección y de ese estado puede ponerse en práctica una especie de laboratorio pro democracia.
Me refiero a un acuerdo entre al menos los cuatro partidos con mayor presencia y fuerza en el Edomex (PRI, PAN PRD y Morena), quizá impulsado desde las presidencias del INE y del Instituto Electoral local, para desterrar prácticas nocivas y dar paso a un clima de civilidad en la contienda, en la que además impere la más amplia libertad para el debate entre los candidatos a gobernador.
Por prácticas nocivas entiendo toda forma de compra o coacción del voto, ya sea mediante el regalo de productos de primera necesidad, despensas, enseres domésticos, materiales de construcción, etcétera, o a través del reparto de dinero en las variadas formas que hemos visto en elecciones anteriores. Sería un pacto por el respeto a la dignidad ciudadana y por el cumplimiento de la ley, que explícitamente prohíbe ese tipo de prácticas.
A ese compromiso debe agregarse el de los tres órdenes de gobierno de abstenerse de utilizar los programas sociales y sus recursos para inducir o presionar el voto a favor de cualquier partido; para verificar que eso se cumpla hay que propiciar la creación de observatorios ciudadanos que tengan acceso a los padrones de beneficiarios de todos los programas sociales que operan en el Edomex a fin de verificar que no registren altas o bajas anómalas en el curso del proceso electoral y al menos en los tres meses siguientes a la conclusión del mismo.
El INE y el IEEM pueden propiciar debates entre los candidatos a gobernador, con independencia de los que establece la ley electoral local. Para tal efecto, bastaría con que el INE deje establecido, sin lugar a duda, que la transmisión de esos debates por televisión y radio no constituye violación alguna de las normas constitucionales o legales en la materia, y que el IEEM aliente a organizaciones sociales o universidades a convocarlos, con la obvia condición de imparcialidad del organizador.
Si el Edomex es laboratorio para que las elecciones de 2018 transcurran con civilidad y apego a la ley, bienvenido el experimento, que puede incluir también a Coahuila, Nayarit y Veracruz.

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