El más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre la privatización de las pensiones en América Latina y algunos países de Europa del Este es, francamente, estremecedor.

Es el vivo retrato de un error de grandes dimensiones, cuyos impactos se expanden tanto a las economías de los países como a franjas enteras de la población. Los expertos de la OIT documentan la incapacidad de los sistemas privatizados para dotar de seguridad real, en materia de ingresos, a las personas de edad avanzada y en estado de jubilación. Lo que ha prevalecido en estos últimos 30 años han sido los bajos rendimientos y cobertura y prestaciones insuficientes. También el costo de administración elevadísimo, que resultó mucho más caro de lo que se esperaba. Las promesas de mejores rendimientos y seguridad simple y sencillamente no se cumplieron.

Entre 1981 y 2014, periodo en el cual decenas de países permutaron sus sistemas de pensión, éstos tuvieron que pagar altos costos administrativos y fiscales para realizar la migración que rebasaron por mucho lo que se calculó por parte de los organismos internacionales que promovieron la privatización. No solo fue mucho más caro de lo que se creía y duró más tiempo de lo que originalmente se había calculado. Cuando aún no terminaba de pagarse el costo de la transición, la mayoría de los países que privatizaron decidieron echar reversa. Dice la OIT que el 60% de los países que privatizaron han revertido el modelo y están en una nueva etapa para intentar resarcir el daño causado a millones de pensionados. Se trata también de frenar el deterioro causado por el experimento. La palabra que usa la OIT para definir el proceso es, simple y llanamente, fracaso.

Para el año pasado eran 18 los países que dieron vuelta en U para revertir los esquemas de privatización. La OIT resume las razones: “…las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron (México tenía en 1996 una cobertura de por sí baja de 37%; en 2004, años después, había bajado a 30%); las prestaciones de las pensiones se deterioraron y la desigualdad de género y de ingresos se agravó, lo que despojó a la privatización de apoyo popular. El riesgo de las fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a las personas físicas. Los costos administrativos aumentaron, reduciendo los beneficios de las pensiones. Los altos costos de la transición -a menudo subestimados- generaron grandes presiones fiscales”. Para remachar, los expertos del organismo internacional señalan que a los trabajadores se les hizo a un lado a la hora de gestionar los recursos; se debilitó el papel de los reguladores para dar paso a fenómenos de autorregulación y autosupervisión, obviamente, cruzados por múltiples conflictos de interés; hubo concentración en el sector de los seguros privados y para acabar, los expertos afirman que: “…las reformas de las pensiones tuvieron efectos limitados en los mercados de capitales y en el crecimiento en la mayoría de los países en desarrollo”. Un desastre, pues.

A diferencia de las demás naciones, México no ha entrado en el obligado proceso de revisión y, en su caso, de reversión del modelo de privatización de las pensiones. No es o no debería ser -a estas alturas- un debate ideológico en el que se diserte sobre el papel del Estado o del mercado en la economía. El informe del Departamento de Protección Social de la OIT es, absolutamente, categórico respecto a los resultados adversos del modelo de privatización en las pensiones. Durante varios años obtuvo información de las experiencias en los países desde que se instauró el modelo de privatización en algo tan sensible como el ahorro de las personas para vivir su retiro. Con una dinámica multidisciplinaria diseccionó los efectos de lo que se aplicó por más de treinta años. De igual manera estudió las medidas que han tomado los países que han revertido estos procesos. México está obligado a abrir un amplio debate sobre este tema y a revisar, en el corto plazo, las experiencias de los países que se han adelantado en el proceso de reversión de esto que debe ser catalogado como un error histórico de grandes proporciones. No hay, en la revisión comparada presentada esta semana, un solo caso de éxito para los trabajadores o para los gobiernos. Los beneficiarios únicos de estos negocios millonarios han sido los grandes consorcios financieros. Veremos si en la 4T que promete el Presidente, estará incluido un tema crucial como éste.

Carmen Aristegui
Agencia Reforma