Mudanza obligada
 
Hace (68) meses
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“Evito los planes grandiosos. Empiezo con algo pequeño que pueda lograr. Voy a la raíz del problema y trabajo alrededor. Es construir ladrillo por ladrillo”.

Muhammad Yunus

Esteban Moctezuma será el primer funcionario del nuevo gobierno en despachar fuera de la ciudad de México. El 1o de diciembre estará trabajando ya en Puebla, aunque seguramente se trasladará ese mismo día a la Ciudad de México para la inauguración.

La mudanza de las dependencias a distintos puntos del país la planteó López Obrador en noviembre de 2017 cuando afirmó que la Ciudad de México es “una isla de crecimiento” mientras que el resto de las entidades “está en el abandono” (la verdad es que las regiones exportadoras, como el Bajío, han crecido más que la capital). Dijo que “es importante que se debata la conveniencia de descentralizar el gobierno federal”, pero el traslado del próximo titular de la SEP a Puebla el primer día de gobierno sugiere que la decisión se tomó antes de la consulta.

¿Tiene sentido esta descentralización? No es la primera vez que se intenta. Después del terremoto de 1985, algunas dependencias fueron reubicadas. El INEGI pasó a Aguascalientes y Capufe a Cuernavaca, pero no hay un estudio de cuánto costó la mudanza ni cuáles fueron los resultados. El INEGI, por ejemplo, sigue teniendo oficinas en la Ciudad de México.

La propuesta de López Obrador sería mucho más ambiciosa. La Secretaría de Economía se mudaría a Nuevo León; la de Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora; la de Salud a Chilpancingo, Guerrero; la de Turismo a Chetumal, Quintana Roo; la de Medio Ambiente a Yucatán; la de Educación Pública a Puebla; la de Marina a Veracruz; la de Defensa Nacional a Jalisco. Además, la Comisión Federal de Electricidad se cambiaría a Chiapas, Pemex a Campeche, Nacional Financiera a Guanajuato y el SAT y la Administración General de Aduanas a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Hay dudas de que este esquema pueda funcionar, incluso hoy cuando la tecnología facilita el trabajo colaborativo a distancia. Brasilia se construyó para ser capital de Brasil, pero la mudanza resultó extraordinariamente costosa. Dispersar las oficinas gubernamentales es mucho más complejo. Lo más cercano que conozco es el Parlamento Europeo, que tiene dos sedes, una en Estrasburgo y la otra en Bruselas, lo cual no ha servido más que para desperdiciar tiempo y recursos.

Algo similar puede ocurrir con la dispersión que pretende López Obrador. El secretario Moctezuma podrá despachar en Puebla, pero tendrá que trasladarse innumerables veces a la Ciudad de México: a la inauguración, a bilaterales con el presidente, a juntas de gabinete y a otras reuniones. La SEP tendrá que comprar o alquilar nuevas oficinas en Puebla, pero dudo que venda el histórico edificio de la calle de Argentina, donde se ubica la oficina con el “escritorio de Vasconcelos”. Hay riesgo de que se dupliquen cientos o miles de cargos.

La mudanza obligada generará innumerables problemas y gastos. Habrá que adquirir o alquilar nuevos edificios y pagar mudanzas de trabajadores y oficinas. Muchos perderán su empleo por no poder realizar el traslado. Algunas familias tendrán que escoger entre permanecer juntas o perder un puesto de trabajo.

Lo peor es que ni siquiera sabemos si el esfuerzo valdrá la pena. Los costos de reubicación y futuros traslados pueden ser estratosféricos, pero no equilibrarán el crecimiento económico regional. Mucho más sentido tendría usar el dinero para construir infraestructura y para facilitar la inversión privada en cada lugar del país.

 

Despidos

Viridiana Ríos escribe en Twitter: “Hay 2.3 millones de funcionarios públicos y de estos 17.2 por ciento son de confianza. Si se aplica el plan de austeridad, se despedirán 276,920 (70%). En 2018 se han creado 476,120 empleos formales. De ese tamaño es esta tragedia laboral.”

 

Twitter: @SergioSarmiento

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