No hay forma de que la propuesta de despenalizar la interrupción del embarazo avance; nadie parece entender los alcances que tendría una decisión de tal magnitud.

Son palabras de activistas que por años han luchado por defender los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Y no es cuestión de estar en contra de las buenas costumbres, como argumentan voces de distintas índoles, es un problema de justicia, de salud, de democracia, de territorialidad y de misoginia.

Sabrán acaso los encargados de legislar que las muertes maternas han aumentado de 9 a 14 en tan solo cinco meses, que han ocurrido en zonas fuera de la capital y que son mujeres de estratos sociales bajos las que más padecen por esta simple condición, es decir, nos morimos por jodidas.

Son casos de mujeres jodidas que no han tenido acceso a la interrupción del embarazo en mejores condiciones y que además de padecer por la falta de un servicio médico de calidad, son criminalizadas, o sea son doblemente chingadas.

Qué saben de las condiciones en que algunas mujeres se enfrentan a esta difícil decisión, quienes ahora gritan y acusan a las mujeres que están defendiendo su derecho a decidir, es decir que la democracia a ellas no las alcanza, porque no tienen voz, ni representación y los encargados de defenderlas de plano ni las ven.

Es curioso que la decisión esté ahora en manos de hombres a los que la misoginia les impide abordar el tema sin prejuicios y que nos colocan como un estado en donde los que prestan el servicio de interrupción del embarazo fuera de las reglas que, los mismos hombres han determinado, puede representar criminalizar doblemente a una mujer, o sea, ¡estamos jodidas!

Es un tema de violencia de género, ese que dicen defender de dientes para afuera y que ahora simple y sencillamente no se atreven a dar el paso y le dan largas al asunto utilizando estrategias retardatorias.

Es respetable el derecho a disentir y a tener una posición al respecto, pero esto no es cuestión de lo que a uno u otro le parezca, es la urgencia de saber que se debe legislar por un bien mayor que es el bienestar de las mujeres, para que tengan acceso a servicios de salud en caso de que tomen la decisión de interrumpir el embarazo y que no sean juzgadas por la ley y quizá lo más importante, que no mueran por someterse a la clandestinidad.

No es comprensible que esta situación tenga también un componente de territorialidad, es decir que, si una mujer hidalguense acude a la Ciudad de México en busca de apoyo, tenga todas las oportunidades, pero si cruza la línea de Hidalgo es una homicida, o sea ya se chingó por el solo hecho de cruzar una línea.

Es increíble las razones que hoy dan los legisladores para no entrarle a una discusión inteligente respecto al tema.

Para algunos este no es tema y parece que responden a lineamientos que quién sabe de dónde vengan, pero que están ganando la partida.

Para otros, es mejor abandonar la Comisión para lavarse las manos y que no haya cuórum para la votación.

Es lamentable que a la hora de pedir el voto, estuvieron buscando el apoyo de las mujeres, de quienes dijeron eran prioridad para este nuevo Gobierno y ahora que pueden demostrar que están con esas mujeres que creyeron en ellos, simple y sencillamente, abandonan las luchas y dejan el tema para otro momento, o sea, ¡qué poca!

Y la discusión continuará, dándole largas al asunto, hasta que las cifras de muertes por una mala atención a las mujeres les explote en la cara.

Son tan cínicos que seguirán argumentando, que no es tema y que se jodan las mujeres, “total son viejas”.