En estos días, en el Congreso hidalguense, se discute la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, un mandato constitucional que deberá aprobarse antes del 18 de julio. Su creación depende de una serie de modificaciones a la constitución local y la conformación de un organismo que luche contra este mal que tantos millones de pesos le cuesta a nuestro país.
Pero como todo en esta vida, hay un pero: corremos el riesgo de sólo engrosar la burocracia y crear un nuevo bodrio similar a los organismos que ya tenemos. Un nuevo IEE, que se llene de cuotas de partidos, de amigos del poder y de solapadores.
Este nuevo organismo deberá contar con participación ciudadana. En un estado en el que los diputados locales están sólo de adorno, el garantizar que este nuevo sistema incluya la voz del pueblo será un auténtico desafío.
Hasta el momento existe una propuesta, que ya se discute en el Congreso. En ella se contempla la participación de cinco ciudadanos que integrarán dicho consejo, pero la propuesta omite cómo se elegirán. Y es que si al final del camino los ciudadanos que participen en este sistema son de la misma calidad que otros organismos como el Consejo Consultivo Ciudadano o la Comisión de Derechos Humanos, desde hoy estamos jodidos.
El fiscal, otro requisito, sería elegido por el Congreso a propuesta del gobernador, un riesgo y una simulación para el sistema. La reforma dice que al igual que pasa con el procurador y el fiscal contra los delitos electorales y los magistrados, el ungido saldrá de una lista que saldrá del mismo gobierno.
La creación de este sistema es de suma importancia para combatir uno de los males más lacerantes que aquejan a nuestra sociedad. Ojalá y el gobierno lo entienda así y ojalá que los legisladores le pongan el empeño necesario, para que dentro de un año no estén investigando qué fue lo que aprobaron.