Durante su conferencia de prensa de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la fatal explosión en Tlahuelilpan. Dijo que esta y otras tragedias “se originan por la corrupción y hay que atender las causas… Si no actuamos y seguimos tolerando estas prácticas, por comodidad o por complicidad o por negligencia o por lo que sea, entonces nunca va a cambiar el país; vamos a seguir en lo mismo”. Reiteró, como lo hizo a lo largo de su campaña electoral, que no va a permitir la corrupción.

Ahora bien, la lucha para erradicar la corrupción será difícil y dudo que se logre en un solo sexenio, porque los gobernantes y funcionarios deshonestos han sido una constante en nuestro país, antes y después de que ganara su independencia en 1821.

Transparencia Internacional define corrupción como “el abuso del poder para beneficio propio” y, de acuerdo con esta definición, los mexicanos que han abusado del poder para beneficiarse han existido siempre. Esta práctica ha penetrado como la humedad a los organismos públicos, donde un elevado número de los que han tenido poco o mucho poder lo han aprovechado para beneficiarse y favorecer a sus familiares, amigos y socios.

Los índices que realiza Transparencia Internacional indican que en los países altamente democráticos son más bajos los niveles de corrupción y que son más honestos los gobernantes y funcionarios que le deben el puesto a grandes porcentajes de la población, no a una pequeña camarilla de influyentes.

Sobre el tema de la corrupción, los politólogos Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith, ambos de la Universidad de Nueva York,  escriben en su libro The Dictator’s Handbook (Hachette, New York, 2011), entre otras cosas, lo siguiente:

“La mayoría de la gente piensa que reducir la corrupción es un objetivo deseable. Un enfoque común es aprobar legislación adicional y aumentar las condenas por corrupción. Desafortunadamente, estos enfoques son contraproducentes. Cuando un sistema está estructurado en torno a la corrupción, todos los que importan, líderes y sus patrocinadores por igual, están manchados por esa corrupción. No estarían donde estaban si en algún momento no hubieran tenido su mano dentro de la caja registradora”.

También aseguran que “si a los líderes políticos se les hace ser responsables ante más personas, la política se convierte en una competencia de las buenas ideas, no de los sobornos y la corrupción”.

Por ello, si deseamos librar a nuestro país de la corrupción y sus nocivos efectos, debemos luchar porque nuestra democracia madure y se perfeccione. No basta con organizar elecciones transparentes. Nuestros gobernantes y funcionarios deben rendirnos cuentas claras, ser responsables de sus actos y, de acuerdo con ello, ser castigados o recompensados.

El gobierno federal, que dice combatir la corrupción, no puede tomar decisiones que sus detractores aprovechan para acusarlo de ser corrupto. La compra sin licitación de centenares de carros tanque para trasportar gasolina es un buen ejemplo de ello.

El gobierno de la Cuarta Transformación debe predicar con el ejemplo o perderá la confianza que en él han depositado más de 30 millones de mexicanos mayores de 18 años.