“Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. Vamos a producir en México lo que consumimos.”
Andrés Manuel López Obrador, 14.1.18
Si alguna propuesta de Andrés Manuel López Obrador deja en claro que busca regresar a los tiempos del viejo PRI es la reimplantación de los precios de garantía. La ilusión es que estos precios artificialmente fijados por políticos generarán autosuficiencia alimentaria; la experiencia sugiere que redundarán en costosos subsidios, pobreza rural y corrupción.
La promesa de regresar a los precios de garantía que se abandonaron en 1994 la hizo López Obrador desde la campaña electoral. Los nuevos precios de garantía se aplicarán a cultivos de maíz, frijol, trigo panificable y arroz, así como a la producción de leche fresca. La Oficina de Transición de Agricultura y Desarrollo Rural anunció este 25 de octubre que el nuevo gobierno fijará precios muy superiores a los de mercado. La tonelada de maíz, por ejemplo, la pagará a 5,610 pesos mientras que en el mercado internacional se ubica en 2,770 pesos. El requisito es que los productores tengan parcelas de menos de 5 hectáreas, mientras que las compras se limitarán a 20 toneladas por vendedor.
Para que los precios de garantía no lleven a una escalada en los precios de los alimentos, el gobierno tendrá que dedicar una cantidad de recursos no especificada a subsidiar las compras. El monto puede aumentar en el futuro si bajan los precios de los productos agrícolas.
La enorme diferencia entre el precio oficial y el de mercado generará corrupción. La limitación del subsidio a los productores con predios de hasta 5 hectáreas creará un incentivo para mantener la actual fragmentación de la tierra. La producción se volverá más ineficiente. El maíz y el trigo requieren de grandes extensiones de tierra para ser competitivos, pero los precios de garantía atarán a los productores a pequeñas parcelas que los condenan a vivir en la pobreza e inhibirá la inversión en productos con mayor futuro, como el aguacate o las hortalizas.
A Conasupo, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la creó Gustavo Díaz Ordaz (ese presidente que los políticos de hoy quieren borrar de la historia) en 1965 y se convirtió en la institución insignia de la política alimentaria del viejo PRI. Fue un foco de corrupción y de pérdidas enormes. Sus actividades y subsidios se recortaron de manera gradual a partir de la crisis financiera de los ochenta y la compañía fue extinguida finalmente en 1999, al final del gobierno de Ernesto Zedillo.
Ignacio Ovalle, secretario particular de Luis Echeverría y director del Instituto Nacional Indigenista con José López Portillo, donde conoció a un joven Andrés Manuel López Obrador, fue director de Conasupo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde ese cargo lanzó los “tortivales”, bonos para entregar tortillas a familias pobres y asegurar su lealtad al PRI. Hoy Ovalle regresa a la política con López Obrador como titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, una institución que asumirá las responsabilidades de Diconsa y Liconsa y que busca convertirse en una nueva Conasupo. Junto con los precios de garantía, este Segalmex, que recuerda el viejo SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, de José López Portillo, marca el retorno a un sistema de subsidios y precios de garantía que pretendió hacer a México autosuficiente en alimentos, pero que solo sirvió para comprar votos, generar corrupción y empobrecer el campo mexicano.
Nostalgia del pasado
Para quienes sienten nostalgia por el viejo sistema alimentario mexicano, habría que invitarlos a releer a Arturo Warman, el fallecido autor de El campo mexicano en el siglo XX: “Un campo pobre, avejentado y conservador, que se repite a sí mismo en vano intento para ser lo que no fue, no es la tierra prometida.”
