que en Ixmiquilpan están descontentos con su juez de lo Civil y Familiar, Eligió José Uribe Mora, a quien acusan de corrupción, pues, bajo la excusa de que tiene una carga excesiva de trabajo y problemas de salud, retrasa la emisión de sentencias y acuerdos para favorecer a las partes que le han dado su “impulso procesal”. A ver si los inconformes interponen una queja administrativa.
—
que hoy es el gran día en Tlanchinol: el presidente municipal Pablo Salazar Hernández va a tirar la casa por la ventana para festejar su cumpleaños, celebración a la que están invitados sus paisanos, compadres y miembros de la clase política de la zona. Según los convocados, el edil aprovechará el magno evento para placear a su gallo a la alcaldía: Marcos Bautista Medina, quien ya se siente candidato del PAN para el cargo. La pachanga se realizará en la comunidad natal de Salazar Hernández, Huitepec. Se espera la presencia de mariachis, huapangueros, y grupos musicales para amenizar el baile.
—
que Adela Pérez Espinoza, diputada local por San Felipe Orizatlán, sueña que tiene posibilidades de competir por la candidatura del PRI a la alcaldía de Huejutla solo por ser nativa de allí, pero también su nombre se menciona para el mismo cargo, pero en la demarcación de la que es representante; sin embargo, la alianza política que tiene con el expresidente municipal Manuel Rivera le podría significar un descalabro político a la legisladora.
—
que la empresa hidalguense Construcciones Industriales Tapia ayer fue inhabilitada dos años y medio por la Secretaría de la Función Pública. Esto ocurrió en medio de la cacería contra el extitular de Pemex Emilio Lozoya y de todo lo que huela a Odebrecht. Entre 2015 y 2017 la firma a cargo de Juan Carlos Tapia presentó información falsa para obtener ventaja y contratos para la refinería de Tula. Ahora, deberá pagar una multa de 206 millones de pesos.
—
que Fátima Baños Pérez, directora del Instituto Hidalguense del Deporte, ha sido omisa ante un procedimiento contra el órgano que preside, iniciado en la Comisión de Derechos Humanos estatal por la discriminación de un menor con síndrome de Down, a quien no permiten tomar clases ordinarias de natación en el Centro Estatal de Alto Rendimiento. Baños Pérez, dicen los padres, confunde la inclusión deportiva con dar uniformes al parejo y justifica la intransigencia del coordinador del complejo acuático del recinto, Ricardo Zárate, a quien no le parece que el niño reciba el mismo trato que los demás.