Que el presidente municipal de Progreso, Armando Mera Olguín, fue de lo más grosero con la familia de la doctora Beatriz, quien falleció en la barandilla del municipio en 2021, a quien ofreció una disculpa pública recomendada por la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo. Su mal trato no solo fue hacia los familiares, sino a la memoria de la víctima y al propio organismo; asimismo, a colectivos que acudieron a presenciar esta disculpa pública, donde él se hizo acompañar de sus porras y de sus seguidores.

Que el alcalde de Calnali, Said Acosta Téllez, fue vinculado a proceso el 11 de enero de 2023 con el expediente 1109/2023 por negociaciones indebidas agravadas por 52 millones de pesos. El presidente municipal busca reparar el daño, así que en este mes ya habrá pagado solo 2 millones de pesos que requiere la autoridad para librarlo de todo mal. ¿De dónde sacará tanto dinero y tantas influencias para burlar una vez más a la justicia o hacerla corrupta?

Que hace algunos ayeres, durante una ponencia que dictó en una universidad privada de Tulancingo, el excanciller y aspirante presidencial Marcelo Ebard Casaubón dijo con cierto gesto de añoranza que conocía la ciudad y le traía gratos recuerdos porque su abuela materna tenía raíces en este municipio y cuando niño solía visitarla frecuentemente, por lo que ahora más de uno hurga en su árbol genealógico, en busca de algún lazo familiar con el otrora jefe capitalino.

Que ahora con la clausura de Grúas Mera, lugar donde se guardaban los decomisos de huachicol efectuados por dependencias de Seguridad de los tres órdenes de gobierno en la región Tula, la más perjudicada fue la empresa, porque fue cerrada, pese a que las autoridades disponían que, aquí fueran llevados los combustibles incautados. Si bien se les avisó desde hace muchos meses, hay que ver que la irresponsabilidad fue de la dependencia federal, no de los particulares, quienes ahora pagan los platos rotos.