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Sin zona libre

“Toda esa franja va a ser la zona libre más grande del mundo.”
Andrés Manuel López Obrador

Lo primero que advierto al salir del aeropuerto de Tijuana es que las gasolineras operan de manera normal. No hay largas filas, ni la desesperación de otros lugares del país. El fin de semana me traslado sin problemas de Tijuana a Ensenada, después al Valle de Guadalupe y de regreso, sin ver constante y nerviosamente el indicador de combustible y sin temor de quedarme varado.

En parte la razón es que en Baja California no había ductos que cerrar. La gasolina se recibe por barco desde Estados Unidos y se distribuye por pipas. Las distribuidoras pueden traer combustible directamente si tienen problemas de abasto. Advierto, por otra parte, que el número de gasolineras de Pemex es relativamente reducido. Veo en cambio numerosas estaciones de Arco, Chevron o Rendi Chicas, una empresa con personal exclusivamente femenino.

Esperaba hallar un gran entusiasmo por la reducción del IVA y el impuesto sobre la renta, pero encuentro más dudas que aplausos. Los recortes, para empezar, no se incluyeron en la Ley de Ingresos, sino que proceden de un decreto presidencial firmado el 29 de diciembre y cuyas reglas no se emitieron hasta el 7 de enero.

A pesar de que el presidente López Obrador anunció la creación de la “zona libre más grande del mundo”, no se ha establecido una demarcación en la que puedan entrar y salir productos libremente, sin aranceles ni barreras burocráticas. Ni siquiera hay una disminución generalizada de impuestos. El decreto presidencial simplemente crea “créditos” o estímulos fiscales para el IVA y el ISR de algunos contribuyentes, pero los estímulos son voluntarios.

¿Voluntarios? ¿Por qué habría un contribuyente de optar por pagar un impuesto mayor? Porque si el comercio, por ejemplo, paga a sus proveedores 16 por ciento de IVA, pero solo cobra 8 por ciento a sus clientes, tendrá que esperar a que Hacienda le devuelva la diferencia; y quienes tienen que recibir devoluciones de Hacienda saben que el proceso requiere más paciencia que la de un automovilista en una gasolinera de Guadalajara. El hecho es que hasta ahora todos están cobrando 16 por ciento de IVA.

No todos los contribuyentes, por otra parte, pueden optar por el estímulo. Hay que haber estado radicado en la zona cuando menos 18 meses. Pero como el decreto solo tiene vigencia de dos años, si alguna empresa opta por establecerse en la frontera para aprovechar los créditos solo le quedarán seis meses de 2020 para usarlos. Para recibirlos, sin embargo, deberá obtener más del 90 por ciento de sus ingresos de clientes en la frontera. Ni las maquiladoras ni otros grupos de contribuyentes, por otra parte, podrán recibir el estímulo.

Aceptar el crédito significa someterse a una serie de trámites burocráticos. Las empresas deben solicitar autorización al SAT antes del 31 de marzo de 2019 y quedar inscritos en un padrón de beneficiarios. La inscripción no da ninguna certeza. El SAT puede revocar la autorización en cualquier momento y no hay recurso legal contra la decisión.

El decreto presidencial no está creando, ni de lejos, una zona libre. Supongo que habrá empresas, con buenos abogados y contadores, que podrán pagar menos impuestos con este decreto. Hacienda calcula que el erario perderá 41 mil 600 millones de pesos por ello, pero la mayor zona libre del mundo habrá que buscarla en otros lugares. En este momento, de hecho, la única ventaja con la que cuenta Baja California frente a otras regiones de México es que todavía tiene gasolina.

Rurales
La duplicación del salario mínimo en la frontera no ha afectado, hasta ahora, a las maquiladoras, que pagaban entre tres y cuatro veces el mínimo. Pero sí está dañando severamente a los restaurantes y pequeños comercios de zonas rurales, como el valle de Guadalupe.

Sergio Sarmiento

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